El gobernador Francisco Domínguez Servién aseguró que desde Querétaro se fija el rumbo de la oralidad en el país, en marco de la inauguración del III Congreso COSMOS “Justicia Penal y Derechos Humanos”, que tiene como objetivo generar mesas de diálogo e intercambio de ideas en el tema de los derechos humanos aplicados en la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA).
Durante el arranque de este evento de talla internacional, Domínguez Servién expresó que la coordinación hecha ley es el mejor andamiaje de convivencia pacífica para la nación, en que la discusión de la justicia oral no debe quedar al margen de la agenda nacional y aseguró que seguirá asumiendo esta causa federalista, elevando el debate público y acordando un rumbo de Nación.
"El estado de Querétaro asume su responsabilidad de convocar a las entidades federativas que trabajan en las mejores prácticas de Justicia Penal Acusatoria", puntualizó el gobernador y sostuvo que: “la igualdad reside en la posibilidad de que toda mexicana y todo mexicano, por el hecho de serlo, acuda a los tribunales y encuentre justicia”.
El ejecutivo señaló que la Constitución articula las instituciones del Estado en beneficio de las y los ciudadanos, a partir de la coordinación entre instancias de autoridad en materia de justicia que tiene como fundamento la ley.
También ubicó al Modelo Cosmos como referente nacional y como una de las mejores prácticas en la consolidación del Sistema de Justicia Penal, de acuerdo a la organización “México Evalúa”.
Durante su mensaje inaugural, el gobernador precisó que una política de estado "es aquella que trasciende generaciones y ciclos de gobierno, que abraza con integralidad permanente la seguridad, la justicia y los derechos humanos, que los funda como pilares del Estado de derecho y los erige como un bien social que se enriquece al paso del tiempo".
En su intervención, Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno en el estado y coordinador general del Modelo Querétaro del Sistema de Justicia Penal COSMOS refirió que "solamente con denuncias es posible que exista justicia penal, por ello conminó a la sociedad a denunciar, pues con más denuncia hay más justicia y menos impunidad".
"Esta ecuación sencilla, con el enfoque de justicia restauratoria que privilegia como figura central a los usuarios naturales del sistema: la víctima, el ofendido y el imputado, es la esencia natural del sistema de justicia acusatorio y oral, expresó el encargado de la política interior en el estado".
En principio, dijo, la justicia penal tiene como finalidad abatir la impunidad y garantizar a cualquier ciudadano que no será objeto de abuso de poder, por eso es un instrumento fundamental de salvaguarda de los derechos humanos en un Estado de Derecho, el debido proceso y el juicio justo.
“En Querétaro hay convicción por decirle la verdad a los ciudadanos por parte de sus instituciones, coordinadas por mandato legal en una ley que impulsaron en consenso los tres poderes del estado, la Fiscalía General y la Defensoría de Derechos Humanos, con la participación del sistema estatal anticorrupción”.
Comunicó que a través del modelo de operación en Querétaro se cuenta con el estándar más alto en Latinoamérica de tomadores de denuncias, ya que el uso de tecnologías de desarrollo propio permite que a las fiscalías se agreguen más de dos mil elementos policiales estatales y municipales que recaban los registros de denuncia en el mismo lugar de los hechos o donde la persona agraviada se encuentre.
El rango en el estado es de más de 114 servidores públicos entrenados para iniciar el acceso a la justicia de los gobernados por cada cien mil habitantes, frente al rango nacional de ocho fiscales, según investigación de la Universidad de las Américas en Puebla.
El coordinador general del modelo Querétaro del Sistema de Justicia Penal recordó que al inicio de su administración el gobernador se comprometió a impulsar una justicia oral sin pretextos, una justicia oral de verdad.
Explicó que una falla de origen del sistema de justicia acusatorio oral en el país radica en que el debate público está perdiendo la batalla porque no se discuten los términos para clarificar los conceptos que articulan su existencia, por lo que se debe construir un nuevo lenguaje que describa con exactitud la Justicia Penal Acusatoria Oral.
En su oportunidad, Donald Chisholm, Director de la Oficina de Seguridad y Justicia de USAID para la Embajada de los Estados Unidos en México, reconoció la labor del gobierno estatal y del grupo Cosmos que con liderazgo, compromiso y una visión clara han logrado avances importantes y evidentes en materia de justicia penal en Querétaro.
Destacó que después de dos años de operar el sistema de justicia en la entidad, el proyecto de justicia mundial World Justice Proyect (WJP) presentó un ranking de los 32 estados en México en materia de desempeño en justicia, donde Querétaro se colocó en primer lugar nacional.
“Mejorar el desempeño del Sistema de Justicia Penal es una tarea ardua, que representa un cambio cultural que implica que los operadores de la justicia salgan de su zona de confort y operen de una manera completamente diferente, debemos cambiar la forma en la que las instituciones están estructuradas y la forma en que se relacionan entre ellas, nada es fácil, de hecho la transformación de justicia es una de las tareas más difíciles que un gobierno y la sociedad emprende, pero todo es posible y eso se ha demostrado aquí en Querétaro”.
Los temas de interés nacional e internacional serán expuestos durante una jornada de dos días en el Querétaro Centro de Congresos, a fin de encontrar el rumbo que debe seguir la oralidad en el país, en donde especialistas en la materia tendrán que exponer sus experiencias y aportaciones en los diferentes paneles y conferencias que estarán dirigidas a estudiantes, docentes, abogados, investigadores, servidores públicos, académicos y ciudadanía en general.
La declaratoria inaugural del Congreso Cosmos contó con la presencia de Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general del estado y coordinador ejecutivo del Modelo COSMOS de Atención Diferenciada de la Demanda; Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro; Rafael Ruiz Mena, secretario general y académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y Orlando Camacho Nacenta, director general de la Fundación México S.O.S. y consejero permanente del Consejo Nacional de Seguridad.