Nueve meses después de la consulta popular en la que se decidió expulsar a Aguakan, la empresa privada que administra el agua potable de tres municipios del norte de Quintana Roo, ninguna autoridad en el estado ha hecho algo para acatar ese resultado.
Derivado del hartazgo por los cobros excesivos, el maltrato y la falta recurrente del líquido, en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Puerto Morelos, la participación ciudadana alcanzó el porcentaje requerido para hacer vinculantes los resultados de la consulta, en los que se opinó que era necesario revocar la concesión a la empresa.
Pero, a la fecha, esos resultados no han cobrado efecto y las quejas contra Aguakan continúan.
Jesús Adorno es un vecino de la colonia Villas del Mar y asegura que “el problema es que nosotros le abrimos a la llave y, aunque no haya agua, está corriendo el aire y empieza a girar el medidor; el medidor gira, no hay agua, pero sí nos están cobrando el consumo del agua, y si nos atrasamos con el recibo, ellos se portan muy renuentes, vienen, a veces con amenazas de que van a cortar el agua”.
En junio pasado, cuando el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) confirmó la validez de los resultados de la consulta, notificó al Congreso del Estado, con la intención de que fueran los diputados los que revocaran la concesión de la empresa, que data de 1993.
Sin embargo, de acuerdo con información proporcionada a MILENIO vía transparencia, no procedió a dicha revocación, sino que únicamente se celebró una reunión, el 8 de diciembre de 2022, de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para aprobar el proyecto de acuerdo que daba cumplimiento a lo ordenado por el IEQROO.
Sin embargo, lo que se decidió en dicha comisión fue elaborar un nuevo proyecto “en el que esta H. Legislatura, como representantes de la ciudadanía y en uso exclusivamente de las facultades que la ley les permita, atiendan el reclamo popular sobre los resultados de la consulta”.
El diputado Julián Ricalde lo resume fácil: “Hasta este momento, dicho con palabras coloquiales, le están viendo la cara a la gente porque los hacen participar de una consulta que está en un círculo, dando vueltas”.
El pasado 2 de marzo, Ricalde promovió la creación de una comisión en el Congreso local para atender el tema.
“Si tenemos una comisión para el tema de la verdad y la inocencia de Mario Villanueva Madrid, ¿cómo no vamos a tener una comisión para el tema de Aguakan?”, dice irónico el legislador que contendió abanderado por el partido Fuerza por México, el cual desapareció.
Lo que el legislador quiere es que se discuta y se defina qué instancia pública es la que tiene la facultad para revocar la concesión a la empresa.
“Si tiene que ver el Congreso, si tiene que ver el estado, si tienen que ver los municipios, ¿quiénes son los responsables?”, cuestiona, y asegura que, según su análisis, son los municipios los que tienen que rescindir el contrato con la empresa.
─¿Pero eso se sabía o eso se informó cuando se convocó a la consulta?─, se le pregunta.
"¿Tú crees?", responde.
─Creo que no─.
"¿Tú crees que todo esto es tan fácil de decirle a la gente si nada más tenía que decir sí o no?".
Ante la dificultad de enfrentar a la empresa que, asegura Ricalde, “tiene muy buenos padrinos y despachos de abogados”, el legislador hace un llamado al Presidente de la República.
“No querían que esté Tesla en Nuevo León porque iban a utilizar agua, sacaron a la empresa cervecera de Baja California por el tema del agua… Señor Presidente, aquí en Quintana Roo traemos un problema grave, porque a través del agua están extorsionando a la gente más pobre”, exhorta.
EHR