Rosaura Villanueva Arzápalo, fiscal anticorrupción de Quintana Roo, confirmó el sobreseimiento de una de las tres carpetas de investigación en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo.
"Por la carpeta 154/2017, por la entrega de concesiones de carritos de golf, se llevó a cabo una audiencia de sobreseimiento en septiembre de este año. Se acogió a un criterio de oportunidad pagando la reparación del daño de 255 mil 320 pesos, depositado a la cuenta de la víctima en este caso, que es el Estado” mencionó.
La funcionaria explicó que el litigio se centró en el procedimiento administrativo y la omisión de publicar en el Diario Oficial del Estado los beneficiarios de las concesiones.
"Únicamente se le acusaba de dar concesiones de carritos de golf; estuvimos en el litigio de ese tema en especial, por el procedimiento instaurado que no cumplía con los requisitos establecidos por la norma”, precisó.
Respecto a la carpeta 159/2017, que investiga el delito de daño patrimonial por la venta de 18 predios, Villanueva anunció que la audiencia intermedia se realizará dos meses después de concluir la investigación inicial y complementaria, el 15 de febrero de 2024.
“Ya se han rescatado algunos inmuebles, pero seguimos en ese procedimiento. La audiencia intermedia está pendiente y, en este caso, tenemos fecha: el 15 de febrero de 2024”, explicó.
En relación con la tercera carpeta (151/2017) por aprovechamiento ilícito del poder, la fiscal anticorrupción informó que la audiencia intermedia está suspendida debido a un amparo pendiente de resolución.
Este caso involucra el presunto desvío de 594 millones de pesos y la subcontratación de servicios aéreos a la empresa "VIP Servicios Aéreos Ejecutivo S.A. de C.V" durante 2011-2013.
Villanueva también se refirió al cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria otorgado a Borge en el proceso federal por lavado de dinero (carpeta 381/2017).
Explicó que la medida se dio después de dos años sin fijar audiencia de juicio oral, conforme a la ley que establece un límite de dos años para la prisión preventiva justificada.
"La ley manifiesta que no debe ser mayor a dos años la prisión preventiva justificada sin que se les fije audiencia de juicio oral. Vencido ese término, la medida cautelar puede variar, como en este caso. Él tendría el brazalete, la prisión domiciliaria y el pago de 10 millones de pesos, que podría hacer en cualquier momento para quedar en libertad en esa carpeta”, mencionó.
Sin embargo, Borge permanecerá en prisión debido a otra carpeta federal (541/2019) donde fue vinculado a proceso por delincuencia organizada.
Borge fue detenido en Panamá en junio de 2017, extraditado a México en enero de 2018 y actualmente cumple prisión preventiva justificada en el Cefereso número 16 de Morelos.
MO