La detención del periodista Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, efectuada el 24 de diciembre de 2025 en Coatzacoalcos, Veracruz, causó una serie de acontecimientos judiciales, políticos e institucionales que pusieron el caso en el centro del mapa y derivó en un debate sobre el uso del derecho penal y la libertad de expresión.
Inicialmente acusado de terrorismo y delincuencia organizada, el proceso avanzó con modificaciones sustanciales en los cargos de los que fue acusado, protestas desde el gremio periodístico, posicionamientos de organizaciones civiles y la posterior destitución de la fiscal regional Karla Díaz Hermosilla.
El caso, calificado por organizaciones defensoras de la libertad de expresión como una “criminalización de la labor periodística”, mantiene al comunicador bajo prisión domiciliaria.
La Navidad arruinada
En la mañana del 24 de diciembre, agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ejecutaron una orden de aprehensión contra Rafael León Segovia fuera de su domicilio en Coatzacoalcos.
La orden, girada por el juez José Guadalupe Nucamendi Albores, derivaba del proceso penal COA 718/2025.
Tras su arresto, la Fiscalía de Veracruz (FGE), a través de la entonces fiscal regional de la zona sur, Karla Díaz Hermosilla, lo imputó como presunto responsable de tres delitos:
- Terrorismo
- Encubrimiento por favorecimiento
- Delitos contra las instituciones de seguridad pública
La fiscalía veracruzana confirmó que la investigación se originó a través de una denuncia de un testigo que, según versiones recogidas por la familia del periodista, acusaba a León Segovia de “recibir dinero del crimen organizado” en el contexto de su cobertura de notas rojas.
Condena y denuncia
La organización internacional Artículo 19 condenó su detención, calificándola como una “criminalización” por su labor periodística.
Por su parte, el hijo de Lafita León, Gardiel Josué León Oropeza, denunció graves irregularidades. Aseguró que durante el operativo también se llevaron la camioneta del periodista, la cual contenía una suma de dinero en efectivo, parte de la cual habría sido sustraída.
Señaló que la acusación de terrorismo se basaba en que la cobertura informativa de su padre “causaba pánico”, lo que, a su juicio, criminalizaba la libertad de expresión.
“Lo detuvieron y le están imputando terrorismo, pánico para la gente. Todo lo que él dice o comenta como periodista de la nota roja o policiaca, entonces todo lo que hace o dice está causando terrorismo entre la población y entre la gente. No tiene libertad de expresión”, declaró su hijo.
¿Qué han dicho las autoridades?
La gobernadora, Rocío Nahle García, inicialmente respaldó la acción de la FGE de Veracruz. El 26 de diciembre declaró que la detención no tenía relación con la libertad de expresión, sino con un proceso legal.
"Se tiene que aplicar para todos, seamos quiénes seamos. Esto no va con la libertad de expresión. Aquí en Veracruz se ha vivido un año con libertad de expresión, yo diría que hasta con excesos (...) de mi gobierno no ha habido un solo reclamo", afirmó.
Sin embargo, la postura cambió tras la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum. El 29 de diciembre, desde su conferencia matutina, Sheinbaum cuestionó abiertamente el uso de la figura de terrorismo:
“No sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo... no ha habido una acusación por terrorismo en México, yo creo que nunca”.
Le pidió a la FGE de Veracruz tres aclaraciones:
- La razón del uso de ese delito
- La garantía de la libertad de expresión
- La transparencia sobre los motivos reales de la detención
Tras la reacción de Palacio Nacional, la gobernadora Nahle rectificó su discurso al día siguiente, coincidiendo con Sheinbaum en que “no existe el término de terrorismo en México”, aunque llamó a «revisar» el Código Penal Estatal.
"La presidenta hizo una declaración, la cual comparto al cien por ciento, y como está en proceso de vinculación, no se puede opinar hasta que esto pase y que sea la Fiscalía (quien decida)", dijo al inicio de su conferencia estatal.
¿Y QUÉ DICE EL CÓDIGO PENAL DE VERACRUZ?Artículo 311
Se considera terrorista y se sancionará con pena de tres a treinta años de prisión, multa de hasta setecientos cincuenta días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años, a quien, utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego, incendio, inundación o cualquier otro medio, realice actos contra personas, cosas o servicios públicos que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella, con el fin de perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del Estado o presionarla para que tome una determinación.Un segundo párrafo sanciona con uno a nueve años de prisión a quien, conociendo la identidad y actividades de un terrorista, no lo denuncie a las autoridades.
Cambio de narrativa y medida cautelar
El 30 de diciembre se realizó la audiencia inicial en el Centro de Justicia de Coatzacoalcos, ante la presencia de periodistas que se manifestaron en apoyo a León Segovia.
En un giro significativo, la reciente titular de la Fiscalía de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien compareció personalmente, solicitó la vinculación a proceso únicamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.
El delito de terrorismo fue retirado de la acusación.
Tras una audiencia de casi siete horas, el periodista fue absuelto por un juez de control del delito de terrorismo del cual era acusado desde el 24 de diciembre.
“Después de escuchar los argumentos de la defensa y valorar los datos de prueba, dicto el auto de vinculación al proceso única y exclusivamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de Seguridad pública”.
El juez de control decretó como medida cautelar el resguardo domiciliario por un año, rechazando la prisión preventiva oficiosa que inicialmente se había considerado.
“Se continuará el proceso en contra del ahora imputado, a quien se le impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario por el lapso de un año, todo ello en los plazos y momentos procesales previstos por la ley”.
Jiménez Aguirre aseguró que la FGE actuaba con respeto a la libertad de expresión y el debido proceso.
La caída por terrorismo
Como consecuencia directa del manejo del caso, el martes 6 de enero fue destituida de su cargo la fiscal regional de la zona sur, Karla Díaz Hermosilla, quien había formalizado la acusación inicial que incluía el delito de terrorismo.
La Fiscalía de Veracruz, sin emitir un comunicado oficial amplio, confirmó el relevo, atribuyéndolo al “mal manejo del caso”. Su puesto fue ocupado por Braulio Conde Rivas.
El propio Rafael León, en entrevista desde su domicilio, celebró la destitución, pero exigió que se extienda a otros funcionarios que, a su decir, fabricaron las acusaciones.
“No (es suficiente). Quedan fiscales de distrito en Coatzacoalcos, pedimos que lo cambien, que lo corran y a los ministeriales, a los comandantes, que se larguen de Coatzacoalcos”, dijo en entrevista para MILENIO Televisión conCarlos Zúñiga.
El periodista relató que su conflicto con las autoridades locales surgió tras haber dado cobertura a casos de presunta negligencia de la propia Fiscalía de Veracruz, como la violación de una menor y el despojo de custodia a una trabajadora sexual.
Rafael León Segovia se encuentra actualmente bajo arraigo domiciliario, una situación que afirma lo tiene en quiebra económica y dañado psicológicamente.
“La verdad intento mostrar felicidad, pero por dentro estoy destrozado, psicológicamente dañado, pero la vida continúa”.
Rafael León Segovia, con casi dos décadas de trayectoria en la cobertura policial y colaboraciones en diversos medios locales y regionales, permanece bajo arraigo mientras que su defensa alista un amparo para modificar la medida cautelar.
Con información de Isabel Zamudio y Fluvio Cesar Martínez.
MO