A nombre de todos los mandatarios estatales de Morena, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, planteó implementar la figura de identidad reservada a denunciantes y víctimas de extorsión.
En la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, Ramírez Bedolla urgió a brindar mejores garantías a las víctimas de este delito.
“También quiero señalar, por mi parte y a nombre de los gobernadores, gobernadoras de Morena, que es necesario dar y brindar mejores garantías y protección a las víctimas y a los denunciantes del delito de extorsión. Es necesario ampliar e implementar la figura de identidad reservada de las víctimas y los denunciantes.
“La situación de seguridad que actualmente impera en el Estado mexicano demanda la revisión de las normas que garantizan el debido proceso, pero, además, procuran que el delito no quede impune, que se esclarezcan los hechos, que el inocente, el denunciante y la víctima sean protegidas y que se repare el daño; ello, conforme al Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, expuso.
Organizaciones criminales intimidan a denunciantes y víctimas
Ante todos los gobernadores del país, Ramírez Bedolla expuso que la existencia y operación de organizaciones delincuenciales y su capacidad de generar daños, ha influido para que víctimas, denunciantes o testigos se abstengan de declarar.
“O ya, habiéndolo hecho ante las instancias investigadoras, no comparezcan ante los jueces a sostener lo que saben y les consta del hecho penalmente relevante.
“Asimismo, ha sido percibido que el descubrimiento de la información de dichas personas, los denunciantes o víctimas, en etapas previas al juicio oral ha motivado otros fenómenos delictuosos en perjuicio de dichos declarantes, tales como: homicidio, secuestro agravado, desaparición de persona, entre otros que, a la postre, ha tenido impacto en la etapa del juicio oral por la generación de la insuficiencia probatoria para condenar”, alertó.
Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el gobernador de Michoacán se comprometió a que en 180 días se implementarán en la entidad tecnologías de inhibición —de entrada y salida—, de llamadas telefónicas celulares en los centros penitenciarios.
ksh