Los sectores industrial y empresarial de Baja California Sur rechazaron la iniciativa presentada por la diputada petista Gabriela Montoya Terrazas para crear la Ley de Manejo Integral de Residuos Sólidos que, entre otras cosas, prohíbe la pepena, pues señalaron que además de arrojar al desempleo a miles de ciudadanos en estos momentos económicos difíciles, en el estado no existe la infraestructura para el adecuado manejo de residuos.
Además, expresaron su total desacuerdo con el planteamiento de la iniciativa en el sentido de que las compañías se responsabilicen del destino final de cualquier tipo de envase o empaque en los que se vendan sus productos, incluso después de que hayan sido adquiridos y desechados por los consumidores.
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“Que quede claro: estamos a favor de una política en favor del buen manejo de los residuos, de disminuir el uso de plástico de un solo uso, y en general de la protección del medio ambiente, pero toda la sociedad debe contar con las herramientas para que una política de esa naturaleza sea exitosa y permanente”, expresó al respecto Gustavo Díaz Tronco, dirigente estatal de la Coparmex.
Los sectores inconformes con la propuesta de la presidenta de la Comisión de Ecología del Congreso estatal, apuntaron que la legisladora en ningún momento tuvo un acercamiento con los involucrados en su iniciativa, para intercambiar puntos de vista y diagnósticos sobre el tema.
En su iniciativa, la diputada sugiere prohibir que los pepenadores recolecten los residuos sólidos urbanos para venderlos en las recicladoras, y que a aquellas personas que se les sorprenda realizando esa actividad en basureros o contenedores municipales, se les sancione, sin precisar en qué consistirían los castigos.
Gustavo Díaz también hizo hincapié en que aterrizar en los hechos una propuesta como lo plantea la legisladora, no podría concretarse de un día para otro, porque primero se tiene que contar con la infraestructura necesaria en los municipios para que la sociedad pueda disponer de los envases y empaques de la manera adecuada.
Con base en ello hizo un respetuoso llamado a los legisladores para que antes de elaborar y presentar cualquier iniciativa, se acerquen con el sector privado y la sociedad civil. “Siempre estamos abiertos y dispuestos a colaborar con nuestras autoridades en las mejores causas que permitan mejorar la calidad de vida de la sociedad y el desarrollo sustentable en el estado, y este caso, no es la excepción”, estableció.
Para concluir, refrendó que las empresas no se oponen a políticas sustentables que ya funcionan en las economías de primer mundo, pero en las actuales condiciones, Baja California Sur no está preparada para ordenamientos como el propuesto por la legisladora del PT.
OC