Pese a que la reforma laboral tiene tres años de haberse implementado, sus resultados aún son insuficientes y siguen sin cumplir con las expectativas.
En México existen 15 millones de personas, que representan un 45.6 por ciento del total de la población trabajadora remunerada y subordinada, sin seguridad social y una gran proporción de las mismas percibe bajos salarios.
Esta condición les impide acceder, junto a sus familias, a una buena calidad de vida y, además, los coloca en los sectores de población que arribarán a la tercera edad sin protección social ni ahorros para su subsistencia; así, muy probablemente formarán parte de la población objetivo de los programas de combate a la pobreza.
De acuerdo con información del Instituto “Belisario Domínguez” del Senado de la República, el derecho al trabajo no se cumple sólo con la remuneración que una persona obtiene por su labor; el Estado debe garantizar que el empleo sea digno y socialmente útil, tal como establece el texto constitucional mexicano; es decir, además de un ingreso suficiente, el trabajo debe permitir el acceso de cada trabajador y su familia a una mejor calidad de vida.
Una de las ocupaciones de mayor precariedad salarial son las trabajadoras domésticas.
Existen unos 2.2 millones de personas que se dedican al trabajo remunerado en hogares de terceros: en 2014 el 62.8 por ciento se encontraba en situación de pobreza por ingreso, lo que implica que 1.4 millones de personas dedicadas a esta actividad no recibieron ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades básicas.
El reporte sobre trabajadoras del hogar, realizado por el Instituto “Belisario Domínguez” del Senado de la República, indica que uno de los desafíos más importantes de la política social es el tránsito de una estrategia de combate a la pobreza basada principalmente en transferencias monetarias, a una estrategia basada en el cumplimiento de derechos; ello supondría crear condiciones de desarrollo regional y nacional para la inserción de las personas adultas en actividades productivas y en el mercado laboral formal.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), entre 2005 y 2014 el número de personas asalariadas que trabajan en hogares de terceros se incrementó en 28.67 por ciento, al pasar de 1.8 a 2.3 millones.
Apuntó el Instituto que lo anterior constituye el 15 por ciento del total de trabajadores informales.
Así, en el mundo de las ocupaciones caracterizadas por la precariedad de las condiciones en que se realiza es el trabajo remunerado en hogares: salarios exiguos, ausencia de contratos escritos, jornadas extensas de trabajo, nulas prestaciones de seguridad social, entre otras.
Añadió que en México la precariedad laboral de este sector de trabajadoras tiene las siguientes dimensiones: entre 2005 y 2014 se mantiene invariable la casi inexistencia de contratos escritos y de seguridad social, pero el ingreso promedio mensual ha decrecido en términos reales, desde 2005, en 13.19 por ciento.
Según el estudio realizado por el instituto, las personas dedicadas al trabajo en hogares de terceros recibe los más bajos salarios en el país: en 2014 un 32.6 por ciento percibía hasta un salario mínimo y un 38.6 por ciento hasta dos; entre 2005 y 2014 disminuyó la de por sí baja proporción de quienes obtenían más de tres salarios mínimos al mes.
De esta manera, se arroja que desde 1980 el salario mínimo ha perdido más de 70 por ciento de su valor en términos reales, de manera que actualmente su monto es insuficiente para cubrir las necesidades esenciales que estipula la Constitución e incluso para cubrir el costo de la canasta alimentaria básica definida por el Coneval.