Organismos civiles de derechos humanos exigieron que el gobierno de Guerrero y el Congreso local declaren una crisis humanitaria en la entidad ante el desplazamiento forzado de miles de familias por la violencia.
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El director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, informó que habría más de 6 mil personas desplazadas en el estado, 2 mil en el municipio de Leonardo Bravo, 2 mil en diferentes comunidades de la Montaña, alrededor de 800 familias de las comunidades de Ahuihuiyuco, Tetitlán de la Lima y Tepozcuautla, pertenecientes al municipio de Chilapa; 17 familias de Tlaltempanapa y 24 de Quetzalcoatlán de las Palmas, ambas localidades ubicadas en Zitlala.
El director del Centro Morelos subrayó que estos son los casos más representativos porque los desplazamientos han sido masivos, sin embargo, subrayó que muchos casos ocurren en el anonimato, "familias que ya no amanecen en sus casas sin que se lleve un registro de ello".
Apuntó que tampoco están documentados los desplazamientos ocurridos en municipios de alta violencia de la región Tierra Caliente, como San Miguel Totolapan y Arcelia, así como las comunidades de la sierra que padecen la confrontación de grupos antagónicos de la delincuencia organizada.
"Podríamos decir que el número de desplazados por la violencia en Guerrero es mayor que el de la caravana migrante de centroamericanos, pero el gobierno ha tratado de invisibilizarlos", aseveró Olivares Hernández.
Por ello, junto al sacerdote y activista José Filiberto Velázquez Florencio, exigió que el gobierno de Guerrero y el Congreso local declaren una crisis humanitaria en la entidad para que se reconozca el problema que enfrenta el estado y los organismos internacionales puedan intervenir.
El activista, junto con el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, solicitó también una audiencia urgente con el gobernador Héctor Astudillo Flores, en la que participarían representantes de las comunidades desplazadas para "buscar una coordinación más efectiva en la atención a este problema".
Ayer. Astudillo señaló que la violencia en la sierra es un asunto de seguridad nacional, a lo que Olivares Hernández consideró es una demostración de la incapacidad del gobierno estatal.
"Aquí lo que sucede es que no hay voluntad política para enfrentar la situación. El gobierno del estado ha permitido el crecimiento de este problema y declararse incompetente es la única salida que le ha quedado al gobernador", sentenció.
El director del Centro Morelos exigió a los gobiernos federal y estatal que pongan un alto a la operación de grupos de civiles armados que se asumen como policías comunitarias, pues advirtió que el consentimiento de las autoridades ha provocado la proliferación de estas expresiones.
"No es posible que haya una lluvia de balas enfrente del Ejército y de la Policía Estatal. Aquí el problema es que hay una mezcolanza, una interrelación, una interdependencia entre las autoridades y la delincuencia organizada, vivimos en un narcoestado y en México existe prácticamente un narcogobierno", sostuvo.
RLO