Luego de seis meses de vencer el plazo para que 864 instituciones públicas federales en México sistematizaran sus archivos, sólo 25 de ellas cumplieron, reprochó el Archivo General de la Nación (AGN), ente rector en la materia, el cual también lamentó que sólo siete estados adecuaron sus leyes con la nueva Ley General de Archivos.
El organismo aseguró que las nuevas disposiciones de esta ley contribuirán a hacer más eficiente la gestión pública y a facilitar la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
En un comunicado, el organismo expuso que, a nivel federal, la mayor deuda se encuentra en la implementación de los Sistemas Institucionales de Archivos, los cuales son el conjunto de estructuras, recursos humanos y materiales, criterios, procesos y procedimientos que regulan la gestión documental y administración de archivos al interior de las instituciones.
Éstos, conforme al plazo establecido por la Ley General, debieron quedar conformados el 15 de diciembre de 2019.
“De un total de 864 Sujetos Obligados a nivel federal, entre la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, Entidades Públicas del Poder Legislativo y Judicial, Sindicatos y Partidos Políticos, entre otros, solamente 25 (2.89 por ciento) han cumplido con implementar en su totalidad su sistema institucional de archivos”, informó el AGN.
De las 864 instituciones, 196 (22.68 por ciento) presentan un cumplimiento parcial, al tener pendiente el nombramiento de alguno de los responsables de las unidades operativas que integran dicho sistema.
Sobre la armonización de las leyes locales con la General, el AGN explicó que el plazo venció el 15 de junio pasado, fecha para la cual solo los estados de Zacatecas, Durango, Nuevo León, Colima, Jalisco, Hidalgo y Oaxaca han concluido con su proceso de armonización.
Las legislaturas estatales de Tlaxcala, Yucatán, Guanajuato y San Luis Potosí aprobaron en tiempo sus leyes estatales pero se encuentran en proceso de publicación, mientras que, para el caso particular de la Ciudad de México, la legislatura estatal aprobó en tiempo su ley local pero la Consejería Jurídica del Ejecutivo local ha realizado observaciones, por lo que el proceso legislativo se mantiene vigente.
jamj