El nuevo fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, tendrá retos diversos en los próximos siete años, principalmente el rezago que acumula la dependencia en la resolución de delitos y que se traduzca en el combate a la impunidad, además de gestionar mayor presupuesto para distintas labores.
Aunado a esto, asociaciones civiles piden que exista apertura, transparencia y una auténtica autonomía de otros poderes del estado que permita reducir índices de impunidad en la entidad.
“De entrada nos parece un perfil con amplia experiencia en los temas de seguridad y justicia, pero esperamos una fiscalía particularmente autónoma y total libertad de cumplir su mandato Constitucional de investigar y perseguir delitos, sino también de reducir la impunidad”, dijo Marco Antonio Zamarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones de La Laguna.
El informe Hallazgos 2023:
Seguimiento y evaluación de la justicia penal en México publicado por México Evalúa, da cuenta de que en Coahuila existe un alto índice de impunidad en diversos delitos, siendo el de desaparición el de los más altos con 99.91 por ciento, cuando la media nacional es de 99.51. Le sigue el de narcomenudeo con un 92.90 por ciento, mientras que en todo el país es de 91.92 por ciento.
A esto se suman recomendaciones de organismos como la Red Lupa y el Instituto Mexicano de los Derechos Humanos que, en su más reciente informe de evaluación de políticas públicas en materia de desaparición de personas, destaca la necesidad de gestionar más presupuesto para personal más capacitado y elaborar planes que permitan ir por la búsqueda de desaparecidos de larga data.
Marco Zamarripa refirió también la necesidad del respeto a los derechos humanos y la implementación de la política de persecución penal.
“Esto hay que verlo como un instrumento que promueve la cultura de la legalidad y eso impactaría en mejorar la confianza en esta institución. Queremos también que siga participando en reuniones periódicas con distintos sectores de la sociedad”.
Sobre el tema del respeto a las garantías individuales, actualmente la dependencia está dentro del listado de oficinas gubernamentales que más violan los derechos humanos.
El reporte anual 2023 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Coahuila da cuenta que recibió 466 quejas contra la Fiscalía de Coahuila, le siguen las policías municipales con 325, la Secretaría de Seguridad Pública con 238, la Secretaría de Educación con 117 y la PRONNIF con 34.
Sobrecarga de trabajo, otro reto
El propio Federico Fernández Montañez reconoció el día de su toma de protesta la necesidad de una reingeniería de la Fiscalía de Coahuila, además de mejoras en infraestructura y el incremento del personal que atiende a la ciudadanía.
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024 permite conocer más sobre la gravedad de este problema. El informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) expone que Coahuila figura entre las cinco entidades donde los ministerios públicos tienen una mayor carga de trabajo. Cada empleado de esta naturaleza debe lidiar al año con un promedio de 726 asuntos.
El documento detalla también que la entidad tiene 331 agencias del ministerio público, siendo la mayoría mixta o general con 176.
Así también hay 43 especializadas en violencia familiar, 10 en delitos comtidos por adolescentes, 11 en delitos sexuales, una en mecanismos alternativos de solución de controversias, 18 en robos, 12 en homicidios, tres en feminicidios, 11 en desaparición de personas, robo de vehículos, 13 delitos patrimoniales, 8 en procesos civiles y familiares, dos trata de personas, dos en secuestro, cinco atención a personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas,
También 20 en ejecución de penas y medidas judiciales, una en narcomenudeo, dos en combate a la corrupción, una delitos electorales y una extorsiones, delitos contra la salud, dos tortura, una defensores de derechos humanos y periodistas, dos en extinción de dominio, una delitos contra personas de la comunidad de la diversidad sexual, dos delitos ambientales, dos por delitos cibernéticos.
¿Qué es la Fiscalía de Coahuila y cómo se compone?
Según la normativa vigente en Coahuila, la Fiscalía General del Estado es un organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir las reglas conforme a las cuales sistematizará la información bajo su resguardo
Entre sus funciones está que:
“Es la única e indivisible, que dirige la investigación y persecución de los hechos probablemente constitutivos de delitos; por lo tanto, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; recabará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos y, en su caso, promoverá el ejercicio de la acción penal ante los tribunales de justicia; procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, protegerá y brindará atención a las víctimas del delito y testigos”.
Su organigrama marca que tiene seis áreas especializadas en la investigación de delitos: de Atención de Delitos Electorales, de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de Delitos Contra la Vida, de Integridad y Dignidad de los Animales, de Hechos de Corrupción, la Ministerial, de Desaparecidos, de Control de Juicios y Constitucionalidad y de Atención y Protección a Víctimas y Testigos.
Además de eso, operan en las cinco regiones de Coahuila a través de siete delegaciones. Su presupuesto anual llega a los mil 962 millones 328 mil 540.47 pesos, siendo su presupuesto el de servicios personales que es de 762 millones 633 mil 421.68 pesos, según los egresos registrados ante el Congreso del Estado.
dahh