Tras las denuncias presentadas por familiares de las seis jóvenes colombianas por maltrato y retención contra su voluntad, víctimas de secuestro y trata en Veracruz, la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, sostuvo una reunión virtual con el cónsul general de Colombia en México.
La Fiscalía de Veracruz (FGE) informó sobre esta reunión virtual entre la fiscal Hernández Giadáns y el cónsul general de Colombia en México, Andrés Camilo Hernández Ramírez.
Durante la reunión se abordó la situación de las mujeres, víctimas del delito de trata de personas de origen colombiano, cuya identidad se encuentra resguardada.
Informaron que, una vez que concluyan las diligencias en los procesos penales relacionados con el caso, donde su presencia resulta indispensable para lograr el castigo a los culpables y la obtención de la reparación del daño a las víctimas.
También se les brindará acompañamiento con medidas de seguridad, ante las instancias correspondientes. Durante este proceso, además de contar con medidas de protección otorgadas por la Fiscalía, recibirán la asistencia del Consulado de Colombia, que verifico la atención proporcionada.
“Fueron tratadas, en todo momento, con dignidad y respeto a sus derechos humanos, recibiendo las atenciones necesarias, manteniendo comunicación tanto con las autoridades de su país, como con sus familiares”, mencionaron en un comunicado.
Al finalizar la reunión, la fiscal general y el cónsul general de Colombia reafirmaron su compromiso en la protección y apoyo a las víctimas, así como en la coordinación de acciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.
Entrevista a padre de una de las victimas
En una entrevista radiofónica, el padre de una de las jóvenes denunció que actualmente las tienen sin comer bien y sin agua suficiente.
"Las tienen retenidas y ya ellas quieren regresar a Colombia, además de que no tienen dinero para tramitar de nuevo sus pasaportes, como les dijeron que tendrán que hacer con sus propios medios y recursos".
El padre de la chica señaló que a ella la "reclutaron" para trabajar como modelo, no como trabajadora sexual y cuando se dieron cuenta de lo que tenían que hacer, lo reportaron a sus familiares y es allí cuando les quitaron sus pasaportes y teléfonos, exigiéndoles pagar cinco mil dólares cada una de ellas.
En la reunión virtual estuvieron presentes:
- El secretario técnico, Manuel Fernández Olivares.
- El abogado general, Oscar Guillermo Sánchez López Portillo
- La fiscal coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, Roberta Ayala Luna
- Personal del Consulado General de Colombia en México.
LSC