Ricardo Monreal Avila, coordinador de Morena en el Senado dijo que el delito de ultrajes a la autoridad, que sólo en Veracruz es considerado grave y por lo que amerita prisión preventiva oficiosa, debe ser derogado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe declararlo como inconstitucional para evitar más “arbitrariedades” ya que tiene detenidos y privados de su libertad a decenas de hombres y mujeres inocentes; así como adversarios políticos.
“El delito de ultrajes a la autoridad es ominoso, inconstitucional, la Corte ya lo ha declarado así en varios estados del país. Sólo Veracruz y en algunos otros lo tienen, pero Veracruz lo tiene como delito grave, quiere decir que siempre será prisión preventiva oficiosa y eso me parece desproporcionado e inusual y a través de este delito se están cometiendo excesos, arbitrariedades contra la población de jóvenes, mujeres y políticos”, destacó el legislador Monreal en entrevista con MILENIO.
El delito de ultrajes a la autoridad está presente en 14 entidades del país; sin embargo, en Veracruz tiene la mayor condena, pues de acuerdo con el artículo 331 del Código Penal se establece una penalidad de seis meses a seis años de prisión al que cometa agravio o amenace a la autoridad en ejercicio de sus funciones; además, y si se cometen cuatro supuestos la penalidad será de cinco a siete años, por lo tanto, ameritará prisión preventiva.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta, quien en las últimas semanas ha defendido a seis jóvenes detenidos por ultrajes a la autoridad, y quienes está detenidos desde septiembre pasado, dijo que desde el Poder Legislativo se podrá hacer un exhorto al Congreso local y otro a la SCJN para que revisen esta figura jurídica.
-¿Se utiliza de manera facciosa contra adversarios?
-Yo creo que sí, porque hay diputados federales que no han tomado protesta, detenidos, hay presidentes municipales, pero debe haber muchos ciudadanos que sin tener cargo ni participar en política están en esas mismas condiciones.
El senador Monreal consideró que el Congreso de esa entidad, gobernada por Cuitláhuac García, no debió legislar sobre ese delito.
“Me parece que es una situación irregular propia de autoritarismos y que el Congreso no debió haber legislado sobre ese delito. Ya está, ahora lo que se requiere es derogarlo o que la Corte lo declare inconstitucional, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también intervenga y aqueja del exceso de este tipo penal que tiene detenidos a mucha gente por igual esta detenida por esta causa de ultrajes a la autoridad”, subrayó.
Por ello, consideró que “no podemos callarnos, tenemos que levantar la voz, nosotros como legisladores federales no permitir ni callarnos frente a este tipo de barbaries, de violaciones a los derechos humanos de manera sistemática de estas figuras de tipos penales que lesionan y vulneran a las personas”.
Señaló que en algunos casos las personas logran salir de prisión, pero “luego les inventan otros delitos para evitar que salga, es delicado, muy delicado, que la fiscalía esté aplicando esta medida y que el juez de control asuma con complicidad de manera artera esta violación, la confirmen, y no pongan remedio a tanta injusticia que está pasando en Veracruz”.
Jóvenes detenidos
Desde noviembre pasado el senador Monreal ha hecho llamados al Poder Judicial de Veracruz para que no consume la “injusticia” en contra de los seis jóvenes que fueron privados de su libertad desde septiembre por “ultrajes a la autoridad”.
El domingo pasado, el coordinador de la mayoría visitó a los jóvenes en el centro de reclusión en el que se encuentran, “a darles aliento, están en condiciones pésimas por cierto, ese centro de reclusión está muy mal, hacinamiento, dificultad. Ahí no son centros de rehabilitación, son verdaderamente centros de tortura”. Aclaró que no es porque se practique la tortura en esos lugares, “sino porque se encuentran en condiciones deplorables los reclusos”.
Consideró que no hay ningún sistema de readaptación o rehabilitación, “un gran porcentaje de los detenidos ahí, está por ultrajes a la autoridad. Me encontré varias gentes a la salida que estaban por ese mismo delito. Una nuera que estaba su suegra adentro y otros 10 más de Tierra Blanca y me dio mucha tristeza ver qué esta pasando en Veracruz”.
En días pasados el senador Monreal dijo que a los jóvenes los detuvieron en una plaza comercial, pero no cometieron ningún delito y los acusaron de que habían amenazado a los policías con cinco cuchillos o armas punzocortantes.
Se prevé que este jueves se celebra la audiencia y el juez de control local debe de resolver: “ojalá y el Poder Judicial local no se convierta en cómplice de esta injusticia en contra de estos seis jóvenes, pero me imagino que hay más personas en las mismas condiciones”.
Ricardo Monreal también hizo un llamado a las y los ciudadanos para no tolerar las injusticias, ni callar o mostrar complacencia contra los abusos del poder.
El juez de control, indicó tiene todo para resolver su libertad, “no nos vamos a cansar, no nos van a doblar, por eso he venido hasta Pacho Viejo, para visitar a estos jóvenes injustamente privados de su libertad”.
Aseguró que Veracruz es un estado vigoroso, lleno de energía, con muy buenos abogados, juristas y “gente con energía social”.
“Por eso le pido a la gente: no desmayen, hay que exigir justicia, no vamos a permitir que se consuma la injusticia. Ojalá y el juez de control actúe a la altura de las circunstancias, no se convierta en cómplice y no se convierta en un subordinado de los poderosos”, manifestó.
El líder de la mayoría legislativa en el Senado asentó: “no luchamos para esto, no luchamos para cometer lo mismo que hacían otros gobiernos u otros integrantes del Poder Judicial. Me da tristeza que esté sucediendo esto en Veracruz”.
Presos políticos en Veracruz
Diputados en funciones y electos, futuros alcaldes y regidores, candidatos a cargos de elección popular, han sido encarcelados por delitos que en otros estados del país no ameritan prisión preventiva, pero que en Veracruz han sido tipificados como graves.
En lo que va de este año por concluir, han sido detenidos 10 políticos, la mayoría ingresó a la cárcel por ultrajes a la autoridad, delito que colegios y barras de abogados, así como legisladores locales y federales, exigen su derogación, por considerar que el mismo es violatorio de los derechos humanos.
Y es que una vez en la cárcel, la Fiscalía busca la manera de fincarle a las personas delitos más graves. Entre los políticos detenidos por ultrajes a la autoridad se encuentran Rogelio Franco Castan, ex secretario de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, ex diputado y ex dirigente estatal de PRD.
Por estar en la cárcel no pudo rendir protesta como diputado federal plurinominal. Le imputaron violencia intrafamiliar, extorsión, abuso de autoridad y delitos contra la administración de la justicia.
Gustavo Díaz Sánchez, siendo diputado local del PRI en Oaxaca fue detenido cuando acudió a instalaciones de la fiscalía en la zona centro de Veracruz, a reclamar la detención de su hijo y otra persona más.
El ex legislador no pudo rendir protesta como diputado local en la actual legislatura de Oaxaca, le imputaron además de ultrajes a la autoridad, los delitos de portación de arma de fuego y posesión de drogas.
La ex diputada federal del PRD, Norma Azucena Rodríguez Zamora, fue encarcelada apenas concluyó su periodo legislativo, no por ultrajes, sino por el asesinato de su ex marido, Nicanor Martínez Olguín, ex candidato suplente a la alcaldía de Tihuatlán por Morena; con ella detuvieron a dos personas más.
Su nueva pareja, Gregorio Gómez Martínez (PRD) fue detenido antes, cuando era candidato a la alcaldía de Tihuatlán por el PAN-PRD.
Le imputaron inicialmente ultrajes a la autoridad, y permanece en la cárcel señalando de portación de arma de fuego y posesión de un vehículo con reporte de robo.
Nicolás Ruiz Roset, era candidato a la alcaldía de Minatitlán por el PAN-PRD, cuando fue detenido lo señalaron de ultrajes y luego fue acusado de coacción, amenazas y secuestro.
El aún alcalde de Sayula Alemán, Fredy Ayala González, abandonó sus aspiraciones a ser candidato a diputado, al conocer que había órdenes de aprehensión en su contra.
El futuro regidor de Córdoba, Sergio Armando de la Llave Migoni, ha sido vinculado a proceso porque cuando era subsecretario de Finanzas y Administración de Veracruz con Javier Duarte de Ochoa, desvío aportaciones federales por 204 millones de pesos. Hay dudas de si podrá asumir el cargo el 1 de enero.
El alcalde electo de Cosoleacaque, Ponciano Vázquez, se encuentra amparado y presuntamente fuera de Veracruz para evitar ser detenido antes de asumir el cargo.
El alcalde electo de Cazones, Omar Ramírez Fuentes, fue detenido por el asesinato de quien era candidato a la alcaldía del lugar por Movimiento Ciudadano, René Tovar a quien suplió en la candidatura.
El regidor electo de Ixtaczoquitlán, Roberto Trinidad de la Cruz, fue encarcelado, acusado del asesinato del periodista Jacinto Romero.
El alcalde electo de Lerdo de Tejada, Jorge Fabián Cardenas Sosa, fue detenido por un delito mayor, Secuestro agravado, pero a su pareja sentimental Adriana Vichy Cruz, titular de la Unidad de Género de la Fiscalía General de Veracruz, Adriana Vichy Cruz la detuvieron por ultrajes a la autoridad cuando se encontraban juntos.
Y es que Adriana Vichy trató presuntamente impedir la detención del alcalde electo; manoteó y arañó a los elementos de la Unidad Antisecuestros de la FGE.
También fue detenido recientemente Tito Delfín, candidato a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN). Lo acusan de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude.
Esa detención ha dividido aún más al panismo veracruzano, que en general asegura que Tito es preso político.
El primero en ser detenido y ser “preso político” de acuerdo al PAN estatal de Veracruz fue Bernardo Segura Molina, exsubsecretario de Finanzas y Administración del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.
Bernardo se encuentra en prisión desde el 11 de octubre del 2019, acusado de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.
A esta larga lista se suman ciudadanos comunes y corrientes, que han sido detenidos por el mismo delito.
Eso motivó que el senador de la República, Ricardo Monreal realizará desde mediados de noviembre, varios llamados en redes sociales y hasta en la Cámara Alta, para que el Poder Judicial del Estado de Veracruz, “detenga la violación a los derechos humanos de personas inocentes, acusadas del innovador delito de ultrajes a la autoridad, el cual implica prisión oficiosa. Desproporcionadas e injustificadas acciones”.
Antes, políticos y dirigentes partidistas de oposición a Morena, han reclamado al gobierno de Veracruz el uso del Poder Judicial para fabricar delitos y tener a muchos presos políticos.
La senadora con licencia, Indira Rosales, candidata a la secretaria general del PAN estatal acusó que el gobierno de Veracruz no persigue delincuentes, sino a sus opositores.
Con información de Isabel Zamudio...
ledz