Un grupo de jornaleros solicitaron a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) la aprobación de un salario mínimo de por lo menos 300 pesos al día, con el fin de beneficiar a alrededor de 3 millones de trabajadores en México.
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, señaló que en las regiones rurales de Guerrero la pandemia del covid-19 ha dificultado las condiciones de vida de los jornaleros.
“Hay hambruna que está haciendo estragos en las familias jornaleras, de ahí que se requiera de un salario estable”, comentó.
Tan sólo desde febrero a septiembre, alrededor de 8 mil 800 personas han salido diariamente de la región, rumbo a Sinaloa o Baja California, dejando su comunidad, además de “cerrar sus casas para irse con sus hijos a los campos agrícolas: ya no hay manera de sostener a la familia en la montaña”. Estas cifras incluyen a 2 mil 300 niños y niñas menores de seis años que están con sus padres en los campos agrícolas, así como mil 800 adultos mayores.
En conferencia de prensa virtual, Abel Barrera pidió al gobierno federal una respuesta a la solicitud de salario. En este sentido, narró lo que se vive en esa región de Guerrero, “se vive de la siembra del maíz y sólo siembran en la temporada de lluvias”, comento.
“Los jóvenes ya no tienen acceso a la tierra y son expulsados. Desde hace 40 años la migración es la principal actividad para poder tener un ingreso, recorrer más de 800 kilómetros para un ingreso de 100, 120 o 150 pesos al día”, destacó.
También, señaló la ausencia de las instituciones de gobierno, “no hay inspección de campos, ni siquiera están registrados. Pedimos que la Secretaria del Trabajo y Prevención Social difunda la guía para medidas de atención a los jornaleros e inspección a los campos para protegerlos”, dijo.
Por su parte, la directora Ejecutiva de “Fundar, Centro de Análisis e Investigación”, Haydee Pérez, informó que la solicitud de salario mínimo para jornaleros ha sido presentada, tanto a los legisladores, como en varias dependencias del gobierno federal, “hicimos un llamado al dialogo que nos escuchen y tomen decisiones”.
En la presentación de la Alianza Campo Justo, Pérez sostuvo que su objetivo es “alzar la voz para dar a conocer las condiciones de vida y trabajo de jornaleras y jornaleros”, pues están convencidos que merecen condiciones laborales que permitan sacar adelante a sus familias.
Insistió en que la CNSM fije un salario mínimo digno para las personas jornaleras, pues “sería histórico y un acto de justicia social”, pues a su consideración, revertiría la marginación y pobreza en el campo mexicano.
Recordó que desde el año de 1970 se estableció la obligación del Estado mexicano de fijar un salario digno para los jornaleros, pero no se ha cumplido. Incluso, en la última reforma de 2019, la Ley del Trabajo señala que se requiere un salario mínimo especializado para las personas jornaleras.
Aunque no hay cifras oficiales actualizadas, los últimos datos revelan que hay 3 millones de personas jornaleras en el país; cifras que son respaldadas por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; mencionó la coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, Margarita Nemecio. De esta cantidad, sólo el 33 por ciento recibe un salario mínimo y poco más del 55 por ciento recibe entre uno y dos salarios mínimo.
De acuerdo con Nemecio, las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores es de reclutamiento, pues “se les engancha y se les afecta sus derechos humanos, donde los patrones se deslindan de responsabilidades.
Por su parte, Rocío Ramírez Domínguez, señaló que el viaje que realizan los jornaleros hacia el norte del país lo hacen a bordo de camiones “chatarra”, volviéndolos objeto de discriminación por parte de sus operadores.
Destacó que la situación es igual o peor en los lugares que rentan para vivir en los campos agrícolas, pues los inmuebles carecen de pisos y puertas. Tampoco hay escuelas cerca, ni servicio médico, mientras que los patrones se deslindan de toda responsabilidad.
LP