La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a comunidades indígenas de Hopelchén, Campeche, que reclamaron que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no han actuado para atender los problemas de contaminación que enfrentan sus fuentes de agua, en donde se ha detectado la presencia de plaguicidas, particularmente glifosato.
Por unanimidad, el Pleno ordenó a las autoridades municipales, estatales y federales realizar estudios y monitoreos para determinar el grado de presencia de la citada sustancia, además de garantizar agua suficiente y salubre para los habitantes de estas localidades.
La sentencia está dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la autoridad ambiental de Campeche, las cuales deben establecer y promover un sistema de información ambiental que incluya el monitoreo de cuerpos de agua de Hopelchén, realizar estudios para evaluar la calidad del agua respecto de la presencia de glifosato y efectuar monitoreos sistemáticos y permanentes en las comunidades quejosas.
Mientras que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberá ejercer sus facultades de regulación, control y vigilancia sanitaria respecto de plaguicidas y fertilizantes, específicamente en relación con el glifosato, en coordinación con las autoridades sanitarias de Campeche.
El fallo también establece que se deben impulsar y ejecutar políticas y acciones de protección ambiental relacionadas con el glifosato en Hopelchén, además de promover la participación ciudadana y vigilar el cumplimiento de dichas políticas.
Proyecto
La ministra María Estela Ríos González propuso revocar una sentencia que rechazó amparar a las comunidades que argumentaron que son usuarias de aguas subterráneas de los acuíferos de la Península de Yucatán, Xpujil, Cerros y Valles, y que la presencia de residuos de plaguicidas representaba un riesgo para sus derechos al agua, medio ambiente sano, salud, vida, integridad personal y cultural y acceso a la información.
“Ahora bien, con base en los elementos de prueba que obran en autos del juicio primigenio… se advierte que en el agua de la región de ese municipio se ha detectado la presencia de plaguicidas, en concreto del glifosato. También obran en auto los dictámenes periciales en materia de toxicología de plaguicidas y calidad del agua, en los que se destaca principalmente que la presencia de glifosato en determinadas concentraciones tiene efectos tóxicos en los ecosistemas”, dijo la togada.
El Pleno coincidió en que en materia ambiental debe aplicarse el principio precautorio y el principio in dubio pro natura (ante la duda, actúa a favor de la naturaleza) ante un riesgo plausible para el medio ambiente.
Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra propuso a la ministra que en los efectos de la sentencia debería existir alguna directriz en la que la autoridad municipal, en coordinación con las autoridades sanitarias locales, estatales y todos los actores involucrados en el uso de estos plaguicidas, evalúen la puesta en marcha de un programa de atención médica a la comunidad afectada, con el propósito de brindar el servicio a personas con signos de posible intoxicación.
“Por contacto con el agua contaminada por plaguicidas estos dos últimos puntos también se los propongo ministra respetuosamente”, comentó.
Sin embargo, Estela Ríos no aceptó la propuesta, porque dijo que no forman parte de los actos reclamados en la demanda de amparo.
No los acepto… porque si bien es cierto que hubo pruebas que acreditaban la presencia de glifosato, no hay condiciones para determinar si la presencia de este glifosato es o no causante de enfermedades”, respondió la ministra ponente.
DG