La mañana de este lunes, un grupo de mujeres se manifestó en la plaza principal de Matamoros para exigir justicia por el caso de tres mujeres que sufrieron violencia y otros abusos a sus derechos mientras permanecían internadas en un centro de rehabilitación de la ciudad.
Las manifestantes acudieron al lugar con carteles y pruebas de lo ocurrido. Ahí exigieron justicia y solicitaron la atención del gobernador Manolo Jiménez, para que se ponga especial énfasis en la supervisión de estos establecimientos, también conocidos como anexos, a fin de que operen de forma segura.
Entre las manifestantes se encuentra una de las víctimas, quien interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Coahuila para exhibir las distintas irregularidades que existen en el anexo conocido como Eco Mariposa. Junto con otras dos mujeres, familiares de las víctimas, pidió que la investigación se realice conforme a la ley.
"Pues lo que queremos es justicia por todas las internas de ahí. Bueno, yo que fui una de ellas, fui una víctima más. Se supone que vamos a sanar, no a que nos afecten más", denunció la joven.
La primera denuncia ocurrió el pasado jueves, luego de que Andrea, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato, descubrió que su suegra fue agredida tanto fuera como dentro del centro. Por este motivo, ella y su pareja acudieron para retirarla del lugar.
"Todos estos casos van saliendo al caso a la señora Alma, ella es mi familiar, por un video que se realizó cuando ella se quiso escapar, se viralizó mucho en las redes sociales. Lo que nosotros hacemos es decir: nos la vamos a llevar, me dice Paty: me vas a pagar ocho mil pesos porque le faltan dos meses para que la señora salga", contó Andrea.
Agresiones en el anexo
Las mujeres coinciden en señalar a Paty González, quien figura como “la madrina” del centro. No obstante, aseguran que ella no agrede directamente a las internas, sino que son sus “servidoras” quienes se encargan de aplicar los castigos.
El temor a posibles represalias ha aumentado, ya que señalan que una de las encargadas es esposa de un funcionario a quien identificaron como Jordan. Además, aseguran que han recibido llamadas en las que se les advierte que el centro no será cerrado y que deben aceptar una reparación del daño antes de que el caso sea judicializado.
"Pues para mí no es grato porque fueron aplicaciones, fueron de que me dejaron toda la noche parada, nos metieron a la jaula y nos dejaban sin comer y son las servidoras, las que tiene la madrina por delante, son las que nos agreden porque a la madrina nunca le han gustado los golpes, ella nos lo ha dicho, nos lo ha reiterado. Y nos agreden, o sea, y pues no miden consecuencias", recordó la joven de 24 años.
La mujer relató que ingresó al centro en agosto de 2025; sin embargo, tras lo vivido, intentó escapar un día que fue llevada a trabajar por los mismos encargados del lugar. Fue en enero de 2026 cuando logró comunicarse con sus padres, quienes acudieron por ella. Desde entonces, asegura no haber considerado volver a otro centro de rehabilitación.
A este caso se suma el de Alma y el de Elizabeth, quien tiene a su hermana internada en el centro. Desde su ingreso, hace cinco meses, no le han permitido verla bajo el argumento de que es muy violenta y se encuentra castigada. Elizabeth se conformaba con verla a través de las redes sociales del centro; sin embargo, notó que aparecía cada vez más cubierta y, tras las denuncias, dejó de ser publicada, por lo que desconoce su estado actual o si continúa en el lugar.
"No me han permitido verla ni una vez que porque está castigada y que porque es muy agresiva. De hecho, yo la semana pasada no la pagué porque yo dije que era la forma en que yo quería presionarlas para que me la entregaran", relató Elizabeth.
Además de cubrir el pago semanal del anexo, Elizabeth se hace cargo de sus dos hijos y de tres sobrinos, mientras su madre se encuentra en proceso de recuperación por adicciones.
Las mujeres también denunciaron diversas irregularidades, como el hecho de que las internas son sacadas del centro para trabajar limpiando casas o laborando en negocios de comida, los cuales, aseguran, pertenecen a los mismos encargados.
"Creo que las llevan a limpiar casas de los mismos servidores o los familiares y a trabajar a unos puestos de gorditas, de cocedor y de barbacoa, algo así, por el que toque. Entonces, a mí no se me hace ni justo porque yo creo que mi hermana está en un lado y le llega a pasar algo, ellos se van a quitar la bronca de ella".
Por su parte, Andrea señaló que ya entablaron comunicación con el delegado de la Fiscalía, Carlos Rangel; sin embargo, temen que las influencias de los responsables de estos delitos prevalezcan sobre la justicia. Finalmente, las mujeres exigieron el cierre de este centro y la revisión de los demás anexos que operan en el municipio.
dahh.