Un juez federal abrió la puerta para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ocupe el 66 por ciento del “Rancho Las Mesas”, en Valle de Bravo, Estado de México, lugar que pretende utilizar para la reproducción de equinos, entre ellos, de alto rendimiento para competencias ecuestres.
Aunque la Sedena ya hizo público que tiene planeado invertir alrededor de 98 millones 982 mil 550 pesos para remodelar el rancho construido por orden del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la sentencia fue impugnada por Moisés Mansur Cisneyros, prestanombres del ex mandatario estatal, por lo que será un Tribunal Colegiado el que ponga punto final al litigio.
Hace unos días, Eutimio Ordoñez Gutiérrez, juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de México, rechazó amparar a Moisés Mansur, prófugo de la justicia, de quien la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que se encuentra en Canadá, ya que firmó poderes notariales en la ciudad de Vancouver para promover el juicio.
En 2021, el gobierno de Veracruz avaló donar al Ejército el 66 por ciento del rancho, el cual consta de una superficie de 922 mil metros cuadrados, donde hay una construcción de mil metros cuadrados con caballerizas, un lienzo, suites y cabañas.
Se presume que la edificación y el terreno costaron aproximadamente 300 millones de pesos. Sin embargo, se utilizaron recursos públicos desviados en la gestión de Javier Duarte, quien está preso cumpliendo una sentencia de nueve años de prisión, de los cuales cuatro años los ha pasado en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.
Durante el juicio, la Secretaría de la Defensa Nacional exhibió una copia certificada de un acta administrativa de transferencia de bienes provenientes de la entoncesProcuraduría General de la República (PGR), así como una copia certificada de un contrato de promesa de donación y copia certificada de un acta administrativa de entrega-recepción en depositaría del predio Las Mesas.
Moisés Mansur promovió un amparo donde reclamó la resolución dictada el 26 de octubre de 2021, que emitió el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, en la causa penal 97/2016, donde determinó que causó abandono en favor de la Federación la propiedad.
Durante el juicio de amparo, Eutimio Ordoñez dejó claro que no procede algún recurso contra la determinación del juez de control, y que no es apelable.
Por su parte, la Sedena consideró que el juicio es improcedente ya que se trata de un acto derivado de otros consentidos, porque desde el 25 de octubre de 2016 se emitió un acuerdo de aseguramiento respecto al bien inmueble que busca recuperar Moisés Mansur, el cual no fue combatido a través del algún medio de defensa, “lo que implica que lo consintió de manera tácita”.
El juez de amparo puntualizó que Mansur Cisneyros fue debidamente citado y compareció por conducto de sus apoderados, quienes tuvieron oportunidad de ofrecer pruebas y alegar.
En segundo lugar, estimó que, dentro del procedimiento, previo a esta audiencia, también fue llamado y se le notificó del aseguramiento, con lo que se cumplió se derecho de audiencia.
“De esta forma, si los apoderados del quejoso, en la audiencia de abandono reconocieron haber tenido conocimiento del oficio en el que se les hizo saber el aseguramiento al menos desde enero de 2017, debe considerarse que se convalidó la notificación a partir de ese momento, sin importar la forma en que se practicó”, pese a que hubo errores en las notificaciones que se hicieron a través de edictos.
Es de mencionar que Manuel Cervantes Céspedes, fundador del despacho CC Arquitectos, responsable del proyecto del Rancho Las Mesas, declaró en 2017 que la construcción fue diseñada como un proyecto ecuestre a petición del gobernador, quien “pidió construir un espacio donde pudiera vivir y al mismo tiempo estuviera cerca de sus caballos”.
ledz