Sin avances investigación contra ex rector de la UAN

A 9 meses de que se girara orden de aprehensión contra Juan López Salazar, un juez penal pidió la colaboración de la justicia internacional para hallarlo en otros países.

Al rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Juan López Salazar, se le acusa desviar recursos por 375 millones de pesos, luego de revisar la cuent
Salvador Arellano Murillo
Nayarit /

A nueve meses de que se girara orden de aprehensión y localización en contra del ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Juan López Salazar, acusado de desviaciones de recursos por el orden de los 375 millones de pesos derivado de la revisión a la cuenta pública 2015 por parte del Órgano de Fiscalización Superior, no hay avances en la investigación en la Fiscalía General de Justicia.

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El 20 de febrero del 2017, un juez penal de primera instancia con sede en Tepic liberó una orden de aprehensión en contra de Juan López Salazar ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), por los delitos de peculado y uso indebido de funciones.

La investigación contra López Salazar deriva de la auditoría del Órgano de Fiscalización Superior a las finanzas de la cuenta pública 2015, que arrojó un desvío de recursos de 375 millones de pesos.

El juez penal de primera instancia encontró elementos de prueba para la orden de aprehensión y solicitó la colaboración de la justicia internacional para su localización en otros países.

De acuerdo con la información en carpetas de investigación de la Fiscalía de Justicia de Nayarit, al ex rector se le señala como presunto responsable de peculado por 12.5 millones de pesos.

Además, el Órgano de Fiscalización Superior del estado (OFS) le atribuye al ex rector, afectaciones a las arcas públicas por 375 millones 803 mil pesos.

En diciembre de 2014, tras no recibir el pago de aguinaldos, algunos trabajadores de la UAN denunciaron ante la Auditoría Superior de la Federación malos manejos en la universidad nayarita, por lo que la dependencia federal derivó el caso al Congreso local y un año después, en enero de 2016, ordenó al Órgano de Fiscalización auditar el ejercicio fiscal 2015 de la casa de estudios.

Sin embargo, el 30 de marzo del 2017 el Fiscal de Justicia, Edgar Veytia fue detenido por agentes de migración de Estados Unidos en San Diego, California, bajo los cargos de conspiración para distribuir cocaína, heroína, metanfenatimas y mariguana, lo que frenó el proceso contra el ex rector, Juan López Salazar.

La investigación a cargo del Ministerio Público del Estado en la Fiscalía no avanzó, debido a que la dependencia se quedó acéfala durante siete meses hasta el cambio de gobierno del priista, Roberto Sandoval al panista, Antonio Echevarría.

Ante la parálisis en la Fiscalía de Justicia, la Cámara de Diputados determinó nombrar al Notario Público, Petronilo Díaz Ponce como encargado de Despacho de la dependencia y emitir convocatoria para elegir titular por nueve años.

El titular del OFS, Roy Rubio, señaló que, tras la revisión, en agosto del 2017 se envió a la universidad un pliego de observaciones y se otorgó 20 días para responder.

El 16 de noviembre del 2016 se interpusieron dos denuncias penales ante la fiscalía; una, por 190 millones de pesos, y otra, por 185 millones 803 mil pesos, en total 375 millones 803 mil pesos.

La auditoría de Nayarit reveló que, en la revisión de las finanzas, la nómina de trabajadores, en diez nombres, de catedráticos, de una lista de seis mil empleados, no se justificaron erogaciones por dos millones 116 mil 292 pesos anuales.

De la auditoría, que consta de 116 hojas, se desprenden gastos en viáticos, retenciones sin pagos de pensión alimenticia, pagos de compensaciones por trabajos especiales, transferencias electrónicas millonarias a trabajadores, retenciones pendientes de enterar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Infonavit, inconsistencias en comprobación de datos financieros.

Además el Órgano de Fiscalización Superior reveló otro presunto desvío de recursos por más de 583 millones 960 mil pesos en 34 observaciones a la Cuenta Pública 2015 de la Universidad Autónoma de Nayarit, de los cuales más de 323 millones 452 mil pesos fueron depositados mediante transferencia electrónica a la cuenta de un administrativo de nombre Ernesto Robles Delgado, con número de trabajador 35120, quien era vigilante del Cendi de esta casa de estudios, que por cierto ingresó a laborar en 2015.

De acuerdo con el expediente, hay un "anticipo a proveedores y conservación de edificios" por 10 millones de pesos, los cuales fueron transferidos a Miguel Ángel Perales Covarrubias, cuyo número de empleado era 18950.

Asimismo, en la póliza 01-I-132 documenta la transferencia electrónica al trabajador con plaza 18950 con cargo de vigilante a través de Banamex con número de cuenta bancaria con terminación 6252 efectuada en junio 2015 por 10 millones de pesos.

Milenio Diario publicó el 6 de marzo del 2017 la lista de privilegiados en nómina de la casa de estudios, entre ex aspirantes a cargos de elección popular, notarios públicos, ex funcionarios del gobierno estatal y magistrados del Tribunal Superior de Justicia estatal.

Entre ellos aparecían el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, Pedro Antonio Enríquez Soto, con el número de empleado 48620 y con base tiempo completo titular C, por lo que percibe 17 mil 466 pesos mensuales.

El notario público número 13 en Tepic, José Luis Béjar Fonseca, aparentemente tiene una base de tiempo completo y recibe 11 mil pesos al mes.

Además, se registra con número de trabajador 18590 al presidente municipal de Tepic, ex presidente estatal del PRD en el estado y ex rector de la Universidad, Francisco Castellón Fonseca, con base de tiempo completo titular C, cuya nómina es de 17 mil 466 pesos mensuales.

La Universidad Autónoma de Nayarit aglutina a más de 29 mil estudiantes en el nivel medio y superior, cuenta con un presupuesto anual de mil 763 millones de pesos, recursos vía estado y federación. Este año, el 2017, fue el año más complicado desde su creación en 1969.

De acuerdo con la página de transparencia de la casa de estudios, el rector Ignacio Peña González percibe un salario de 38 mil 982 pesos mensuales, mientras que el secretario de Rectoría 17 mil 199.

En tanto, el director general de la Unidad Administrativa tiene un sueldo de 13 mil 871 pesos mensuales.

En la página indican además que el director de la Unidad Académica percibe un salario de 13 mil 871 pesos mensuales, el subdirector académico 5 mil 548 pesos y el subdirector administrativo cuenta con un salario de 5 mil 548 pesos.

La revista América Economía en su ranking 2015 de universidades colocaba a la UAN en el lugar número 40 a escala nacional.

La Universidad requiere para el pago de nómina de los seis mil trabajadores, 172 millones de pesos, 33 millones de pesos por concepto de pagos pendientes al Sindicato de Empleados y Trabajadores; 100 millones de pesos para aguinaldos, 11 millones de pesos para prima vacacional, 3.5 millones de pesos para el pago de seguro de vida, cinco millones de pesos en pago a proveedores y cinco millones de pesos para abono de pasivos, es decir, adeudos con la banca privada, Secretaría de Hacienda e Instituto Mexicano del Seguro Social, un déficit en total de 349 millones de pesos.

El 7 de noviembre del 2017 el secretario General de Gobierno, Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, anunció el rescate financiero a la UAN, un préstamo de 360 millones de pesos para el pago de nómina y aguinaldos a seis mil trabajadores, recursos que serán descontados vía presupuesto 2018.

MMR

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