El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) propondrá una reforma al sistema de justicia para enfrentar casos de alto impacto, como el del estudiante de preparatoria, identificado como Osmar 'N', de 15 años, que asesinó a balazos a dos maestras de su escuela en Michoacán.
En entrevista con MILENIO, la secretaria ejecutiva de Sipinna, Lorena Villavicencio, explicó que el proyecto está enfocado en la reparación integral del daño a las víctimas, así como en la reinserción afectiva de los menores.
“Resulta indispensable reflexionar desde una perspectiva jurídica y de política pública. Estos casos no pueden analizarse únicamente desde una lógica punitiva, sino que obligan a revisar la eficacia del sistema y las condiciones estructurales que inciden en estas conductas”, dijo.
Villavicencio agregó que el objetivo de la propuesta es fortalecer el sistema de justicia para adolescentes sin alterar su naturaleza constitucional, pero buscando que sea más eficaz, integral y equilibrado.
Alerta roja por asesinato en preparatoria
El 24 de marzo, fueron asesinadas a balazos por un estudiante las maestras María del Rosario y Tatiana Bedolla.
Los hechos ocurrieron al interior de la Preparatoria Makárenko, cuando el estudiante Osmar 'N' le disparó con un rifle semiautomático AR-15. Posteriormente, fue detenido en el lugar de los hechos por elementos de la policía municipal y la Guardia Civil.
El joven, admirador de Charles Manson, fue vinculado a proceso por un juez el lunes pasado, por el delito de feminicidio. Durante la audiencia, se fijó un mes para el término de las investigaciones complementarias.
Conforme a lo que se establece en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se le impuso al menor como medida cautelar el internamiento preventivo en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes. Asimismo, se determinó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria por parte de la Fiscalía de Michoacán.
Puntos clave de la propuesta
La iniciativa, que todavía será revisada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), se tratará también en mesas de trabajo que incluyan a legisladores y especialistas, con el fin de fortalecerla.
“Lo que buscamos es fortalecer el Sistema de Justicia para Adolescentes para que realmente cumpla su finalidad: lograr procesos de reinserción social efectivos, en entornos adecuados y con una red de protección familiar corresponsable, al mismo tiempo que se garantiza que las víctimas sean visibilizadas y que accedan a una reparación integral del daño”, dijo Villavicencio.
Pero los puntos clave de la propuesta son:
- Lograr un equilibrio: entre la reparación del daño a las víctimas, la reinserción integral de los menores en corresponsabilidad con su familia y evitar la reincidencia.
- La reparación del daño: se enfocará en crear un Plan de Reparación Integral del Daño, obligatorio, individualizado y sujeto a seguimiento judicial.
- La reinserción social: el trabajo contempla fortalecer medidas socioeducativas en las que sea prioridad atender la salud mental, el control de los impulsos, el tratamiento de adicciones, educación y cada uno de los puntos con evaluación continua. Además, se incluirá al entorno familiar como parte del proceso bajo un esquema de corresponsabilidad.
“Es importante ser claros: no creemos que el incremento de penas sea la solución. Tratándose de personas que aún no han alcanzado su pleno desarrollo cognitivo y socioemocional, la respuesta debe centrarse en intervenciones eficaces, integrales y sostenibles. La solución no es castigar más, sino intervenir mejor para prevenir la reincidencia, y lograr la reinserción familiar y social”, agregó.
Como se anunció en un posicionamiento público, este plan de trabajo incluye la posibilidad de llevar a cabo ajustes excepcionales en la intensidad de las medidas en delitos de alto impacto, bajo criterios de proporcionalidad y control judicial, sin perder el carácter de última opción la del internamiento.
EHR