Ramona Morales aún no puede asimilar lo ocurrido. El dolor y la angustia la invaden cada que recuerda aquel 5 de mayo de 2023, cuando un grupo armado de Llano de Guadalupe, Tlaxiaco, irrumpió durante la madrugada a la comunidad de Lázaro Cárdenas, en San Miguel El Grande, para atacar y quemar por un conflicto agrario al menos 10 casas en las que habitaban casi 30 personas.
CEl saldo fue de tres muertos y el desplazamiento forzado de 27 sobrevivientes. Odilón Cruz, esposo de Ramona, fue uno de los asesinados.
“Nos despertaron y me dijo mi esposo que yo me levantara… Nos levantamos y era mucha gente los que estaban disparando; suficiente para matarnos”, cuenta la mujer, que hoy se refugia en otra agencia del municipio de San Miguel El Grande, en la Mixteca de Oaxaca.
“Dice mi esposo que me fuera a esconder. Nos dividimos: mi esposo se fue por otro lado, mis hijos a otro lado y yo me fui a esconder en la agencia; ahí estuve con mi hija”, añade.
Pasaron cinco horas y fue hasta el amanecer cuando los ciudadanos que se habían ocultado junto con ella descubrieron los cuerpos de su esposo y también los de Juan Mendoza, agente de la población Guadalupe Victoria de San Miguel El Grande, y el del ciudadano Abdón Cruz.
Hubo también cuatro heridos, entre ellos Luis David, entonces de 17 años, hijo de Ramona y que hoy, junto con un hermano mayor y su hermana, acompañan a su madre en este dolor.
“Nadie, nadie se ha acercado”, reclama, al preguntarle sobre la investigación que realizan las autoridades para dar con los responsables de aquella matanza.
“Es lo que más siento, porque no nos dijo nada; ellos nos dejaron... Esa gente (los autores de la agresión) dejaron sin padre a mis hijos”.
Después de ese ataque contra los habitantes de Lázaro Cárdenas se registraron al menos otros tres hechos violentos: en junio, un mes después, ciudadanos de Llano de Guadalupe secuestraron un taxi en el que viajaban habitantes de Lázaro Cárdenas.
Cinco meses después, el 22 de noviembre de 2023, otro ataque armado en el paraje el Santuario de las Aves dejó cinco muertos más, incluido Román Cruz, hermano de la cineasta Ángeles Cruz, dos autoridades locales y dos efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que custodiaban a los pobladores.
En aquella ocasión, la de noviembre, una comitiva de ciudadanos, autoridades de San Miguel El Grande y policías retornaron a Lázaro Cárdenas para intentar reconstruir una cocina comunitaria, pero a su salida fueron emboscados.
Por si fuera poco, el 17 de julio de 2024, se registró un nuevo incendio en la zona del conflicto.
Además, desde hace más de un año, la carretera que comunica de Tlaxiaco a San Miguel El Grande permanece bloqueada a la altura de Llano de Guadalupe, por lo que la población tiene que buscar vías alternas para llegar a su lugar de origen.
“Ni el gobierno ni nadie quiere hacer caso sobre ese lugar. No quiere hacer justicia y yo quiero que sí se haga justicia porque así van a seguir pasando. Van a caer más muertos y así se van a quedar ¿sin hacer nada?”, cuestiona Ramona.
Efrén, otra víctima
Efrén Ramírez también fue emboscado el 5 de mayo de 2023. Alrededor de las 9:00 horas, junto con ocho personas; se dirigía a Lázaro Cárdenas cuando intentaron matarlos.
“Nos refugiamos entre los árboles; o sea, las malezas y todo eso y pues ahí nos escondimos. Tratamos de escondernos y gracias a Dios no, ninguno de nosotros salió afectado”, narró a MILENIO.
Al igual que Ramona y el resto de la población, Efrén tuvo que huir de Lázaro Cárdenas y refugiarse en otra agencia de San Miguel.
Denuncia que meses antes del ataque de mayo, existieron balaceras contra su pueblo, pero no se investigaron.
“Las personas de Llano de Guadalupe no tiraban a asustar; ellos tiraban a matar; exacto. No, no ellos no intimidaban con disparos al aire, ellos tiraban a matar pues”.
El conflicto
El conflicto de Llano de Guadalupe con Lázaro Cárdenas es porque los primeros reclaman que ese territorio les pertenece.
Es una superficie de nueve mil hectáreas de bosque en donde, según las autoridades estatales, existen prácticas de tala ilegal.
“La Comisaría Agraria y el Ayuntamiento yo creo que han puesto también ese granito de poder dialogar con el gobierno y llegar, pues llegar a un acuerdo con la parte que está en conflicto”, dice Anselmo Cuevas, agente de Miguel Hidalgo, una de las poblaciones donde hoy se refugian algunos de los desplazados.
“Yo creo que la justicia… que tienen que pagar los que tienen que pagar. En México hay una Constitución y, por lo tanto, se tiene que ejecutar como la ley, como la Constitución lo pide”, subraya el representante.
Por los ataques del 5 de mayo y 22 de noviembre de 2023, cuyo saldo es de ocho muertos, hay dos detenidos, entre ellos el representante de Bienes Comunales de Tlaxiaco, Jesús Hernández Cariño.
Sin embargo, tanto Efrén como Ramona sostienen que mientras no se resuelva a fondo el caso, en cualquier momento puede haber más violencia.
En julio, durante el Primer Lunes del Cerro como parte de las fiestas de la Guelaguetza 2024, la cineasta Ángeles Cruz protestó durante la realización del evento, en demanda de atención de las autoridades y la resolución del caso.
Tras ello, un grupo de autoridades estatales y federales hicieron acto de presencia en la zona en conflicto la semana pasada, donde confirmaron la quema de “viviendas no habitadas” y la práctica de tala ilegal.
Las autoridades informaron que se fortalecerá la presencia de cuerpos de seguridad y se instalarán cámaras en puntos estratégicos para establecer qué grupo o grupos ingresan al lugar para talar árboles, en violación a un acuerdo que existe para que nadie ingrese a ese punto en disputa.
“Se realizaron los peritajes y también detectamos que había comenzado la tala clandestina en ese polígono, por lo que ya se trabaja para determinar a los autores, porque hay antecedentes de estos hechos, en ese espacio; por ejemplo, hay una brecha para que una grúa maniobra los troncos de esa zona de tala, así que hay elementos para saber la verdad”, indicó el secretario de Gobierno, Jesús Romero, en una conferencia de prensa.
También se anunció que en días posteriores dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se sumarán a la atención integral de este tema, pues las autoridades analizan como vía de solución que las zonas se declare zona de reserva natural.
La existencia de dos personas detenidas demuestra, según los funcionarios, que no hay omisiones en el seguimiento del caso; los sobrevivientes de los ataques y hoy víctimas de desplazamiento, Ramona y Efrén, así como la cineasta Ángeles Cruz, no opinan lo mismo.
MO