Durante la reunión plenaria entre colectivos de búsqueda con el Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se acordó que iniciarán la coordinación para que las familias determinen lugares y el formato de la disculpa que el gobierno deberá emitir por las desapariciones en la entidad, lo que pudiera tardar un par de meses.
Ariana García, Asesor Jurídico de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FUUNDEC), comentó que no obstante, la recomendación emitida por la CNDH al Gobierno del Estado es sobre el Caso Allende y por 42 víctimas señaladas, acordaron que habrá una coordinación para que la disculpa sea a todos los colectivos.
Expuso que los colectivos llegaron a 3 acuerdos con el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el primero es pedir a los municipios su colaboración para complementar el censo de personas desaparecidas y personas desplazadas, para que también reconozcan sus derechos.
El Dato.Disculpa Pública
El gobernador deberá hacer la petición a las familias para que sea aceptada y deberá reconocer que hubo desaparición forzada en el Estado, explicar porqué no se hizo nada en su momento, garantizar que no volverá a haber desaparición en Coahuila y hacer un compromiso para la procuración de justicia en los caso que se tienen registrados.
Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, comentó que el acuerdo de los colectivos, donde FUUNDEM ha coincidido, es que el Gobierno del Estado tiene que reconocer la responsabilidad en las desapariciones por acción u omisión.
“No es nada más pedir perdón, es reconocer que hubo una responsabilidad y que este reconocimiento de responsabilidad debe tener una disculpa por este agravio”.
Indicó que el acuerdo es que por este terror-horror-tragedia, que tiene sometidas a cientos de familias, se tienen que hacer algunos actos públicos en relación, iniciando en la zona de los Cinco Manantiales, Acuña y Piedras Negras, y acciones simbólicas en las regiones de La Laguna, Sureste y Centro.
Detalló que para consensuar el formato, la fecha y el lugar se debe primero seguir un procedimiento en el que se hablará con cada una de las familias de las 42 víctimas señaladas en la recomendación.
Silvia Ortiz, de Grupo VIDA, expresó que la disculpa no es suficiente, por lo que para este grupo es primordial que se le “dé la cara” a la problemática que existe en el Estado, pues son delitos de lesa humanidad que deben enfrentarse.
“No nos llena (la disculpa), pero hemos ido a otros Estados, en reuniones de colectivos de otros Estados y no hay quien lo haga como lo están haciendo aquí, entonces hay que agradecer”.
Sin embargo advirtió que aún esperan que se presenten hechos y resultados de acuerdo a las investigaciones, lo que seguirá peleando y exigiendo.
COORDINACIÓN CON CONSEJO ANTICORRUPCIÓN
El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), iniciará reuniones de trabajo con los colectivos, con el objetivo de generar políticas públicas que permitan combatir el tema de la impunidad en los casos de desaparición forzada en el estado.
Manuel Gil Navarro, presidente del CPC del SEA, comentó que se trata de una ruta de trabajo del Consejo de Participación Ciudadana, que lleva la consejera Lourdes De Koster desde hace 4 meses.
En esta ruta se iniciará el próximo viernes con una reunión de acercamiento con el colectivo Alas de Esperanza de Piedras Negras, buscando ampliar la relación con los sectores de la sociedad civil y la población en general.
“Lo que estamos Tratando de hacer es ampliar nuestra relación, no sólo con instituciones que tocan temas de corrupción, como puede ser Participación Ciudadana o los consejos cívicos, sino ampliar nuestra agenda de trabajo con otras organizaciones como pueden ser las que tocan temas de desaparecidos”.
Gil Navarro expuso que en principio se tendrá el acercamiento con las organizaciones de familiares de desaparecidos para que los consejeros se sensibilicen con la problemática y en contra parte que los integrantes de los colectivos se sensibilicen con el trabajo del CPC y del propio Sistema Estatal Anticorrupción.