La presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, la diputada, Marlene Benvenutti, sugirió al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Jorge Galván, que una vez que el Legislativo le dé el aval para presentar las denuncias penales por el caso del Cobijagate, se espere a que entre en funciones la nueva Fiscalía Anticorrupción.
La legisladora comentó que es cuestión de meses para ello, y que de esa forma lograrían que la autoridad no la deseche bajo el argumento de que es un caso ya juzgado.
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“Yo lo he hecho y lo vamos a seguir haciendo, de decirle al Auditor que se espere en presentar la denuncia, que no la haga ante la Procuraduría del Estado sino que se espere y que se haga ante la nueva fiscalía, ante el fiscal Anticorrupción.
“No cauda (el aval que le dé el Congreso para presentar la denuncia penal), el Auditor nos puede esperar y va a ser cuestión de meses a que esté instalada la Fiscalía, entonces no hay ningún problema por eso, es que no tiene caso que se vaya a la Procuraduría y que lo vayan a mandar a la Subprocuraduría Anticorrupción de un tema que ya fue juzgado”, comentó.
La versión de la legisladora surge luego de que el viernes la Auditoría Superior del Estado entregó en la Oficialía de Partes del Congreso local la solicitud de autorización para proceder con denuncias penales en contra de quien resulte responsable por el daño causado al erario estatal por la compra de 200 mil cobijas, que según este organismo el Gobierno, nunca recibió dentro del caso denominado Cobijagate.
En el documento se notifica que de las constancias revisadas, las declaraciones desahogadas de la negativa a proporcionar información por parte de Comercializadora Mirof SA de CV y la incomparecencia del administrador único y representante legal de esa empresa, ninguna de las dependencias que intervino en el proceso de licitación y adjudicación de la compra de los cobertores se adjudica haber recibido esos artículos, ni el proveedor acreditó que los hubiese adquirido para cumplir con el contrato con la autoridad por el pago de casi 30 millones de pesos.
“Yo creo que es un procedimiento totalmente diferente porque la Auditoría está pidiéndole al Congreso la autorización penal por todo lo que encontró, porque se hizo una investigación profunda a diferencia de la Subprocuraduría.
“Nosotros vamos a responder y eso se va someter a votación, pero no se va a ninguna comisión, no se dictamina, ese es un tema que el Congreso directamente ve”, comentó Benvenutti.