El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco (CEDH), Pedro Calcáneo Argüelles, confirmó que este órgano autónomo hizo uso de su facultad para interponer una acción de inconstitucionalidad contra la reciente reforma al Código Penal de Tabasco para penalizar a quienes obstruyan vías y obras públicas con fines de extorsión.
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La decisión se anuncia luego de que el organismo autónomo inició una consulta pública para conocer la opinión de la ciudadanía sobre el tema.
"Con las razones que aportaron los ciudadanos y las técnicas jurídicas que nosotros realizamos, las evaluaciones, los razonamientos, concluimos que sería importante que la Corte decida de qué manera debe quedar armonizados los derechos humanos de lo que aparentemente son dos partes, las que creen que se limita la libertad de expresión y las que creen que es una medida necesaria la reforma al Código Penal", dijo Calcáneo Argüelles.
El recurso fue interpuesto dentro del tiempo que señala la Constitución, el 29 de agosto, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) .
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Calcáneo Argüelles detalló que en el ejercicio de la consulta pública, que tuvo lugar del 5 al 20 de agosto, participaron más de 565 personas. De ellas, el 23 por ciento de pidió que se promoviera la acción de inconstitucionalidad, 13 por ciento consideró que no era necesario y el 63 por ciento hizo comentarios de otros temas.
Será la SCJN la que notifique al gobierno de Tabasco sobre ese recurso, dijo.
"Es una reforma bien hecha": López Hernández
Por su parte, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, sostuvo que respeta la decisión del CEDH, pero
estableció que se defenderán ante las acciones que dificulten el funcionamiento de la reforma.
"Es una reforma bien hecha, es una reforma que va a ayudar en específico al combate contra el delito de la extorsión".
Agregó que "nosotros sostenemos que es una reforma que no viola las garantías individuales, no atenta contra los derechos individuales. Está garantizado en Tabasco la libertad de expresión".
OMZI