Una iniciativa de reforma al Código Penal de Tabasco para sancionar con penas de 10 a 20 años de cárcel a quienes bloqueen vías de comunicación, turnada por el gobernador Adán Augusto López, fue aprobada por la comisión ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso del Estado.
- Te recomendamos Cae domo en centro cristiano en Tabasco; hay 18 heridos Estados
Al respecto de la propuesta, la diputada local de PRI, Ingrid Rosas Pantoja, dijo que su voto fue en contra de tipificar el delito de impedimento de ejecución de trabajos de obras públicas o privadas porque se corre el riesgo de criminalizar las protestas.
"Ahora quieren volver delincuente a cualquiera que se atreva a reclamar un derecho o exigir un servicio", señaló la legisladora.
La diputada local advirtió que las elevadas penas podrían servir de pretexto para amedrentar incluso a quienes buscan manifestarse pacíficamente por alguna circunstancia ante las autoridades municipales, estatales o federales.
Criticó de incongruente la propuesta, especialmente cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador protagonizó múltiples marchas, plantones, éxodos y movilizaciones desde Tabasco.
En tanto, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, sostuvo que la libertad de tránsito es un derecho constitucional que el gobierno de Tabasco respeta y que la iniciativa no busca prohibir la libre manifestación, sino acabar con "chantajes" de personas que obstaculizan obras como medio de extorsión.
"Es una reforma antiextorsionadores, hay quienes, presuntamente amparándose en la lucha social, extorsionan a las empresas y a los particulares, entonces ponen sus lías y no puedes pasar si no me contratas, no puedes pasar si no cobro tanto de dinero", puntualizó el funcionario.
La propuesta también considera la posibilidad de inhabilitar de 5 a 10 años a quienes incurran en ese delito cuando se trate de funcionarios públicos, según explicó la diputada presidenta de la comisión ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, Julia Pardo Contreras.
RLO