Ante el aumento de niñas, niños y adolescentes víctimas de la migración irregular, se aprobó en comisiones del Senado extender las penas contra quienes realicen y encubran el tráfico de personas. Tamaulipas es uno de los estados más afectados por esta problemática.
De enero a noviembre del año pasado, se tuvo registro de 1,669 migrantes irregulares de entre cero a 17 años de edad en el estado, de los cuales 30 no iban acompañados. Una estadística muy superior a la de 2022, cuando se detectaron 762 menores y 256 viajaban solos, informó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), organismo que ve a Tamaulipas entre las entidades con mayor impacto.
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Se propuso extender las penas contra quienes se ven involucrados en esta actividad ilícita, informó la senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, quien dijo que la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios aprobó el dictamen para brindar mayor protección a niñas, niños y adolescentes víctimas del tráfico ilegal de personas, incluyendo la destitución e inhabilitación de servidores públicos implicados.
La senadora explicó que propuso la iniciativa porque muchos menores se encuentran vulnerables y desprotegidos al caer en manos de delincuentes que cometen el tráfico de personas, y es urgente atender el interés superior de la niñez. Destacó que al incorporar una agravante para los servidores públicos involucrados en esas prácticas se envía un mensaje de que en México no se tolera la explotación y el abuso de quienes buscan una vida mejor.
“Estamos conscientes de que el fenómeno migratorio ha presentado un gran desafío en la política de nuestro país, somos testigos de un alto crecimiento de personas migrantes que entran y salen de México con el propósito de buscar una mejor calidad de vida cuyos países no pueden garantizarles”, apuntó la senadora tamaulipeca.
Subrayó que era necesario incluir sanciones a servidores públicos que intervengan en la comisión del delito de tráfico ilegal de personas, para evitar complicidades. El dictamen será enviado al Pleno del Senado para su calificación.
SJHN