El abogado de los padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, sostuvo que al ex fiscal Iñaky Blanco Cabrera le interesa que no se tome en cuenta el testimonio de Gildardo López Astudillo, testigo protegido, porque él lo señala directamente de estar vinculado con Guerrero Unidos, grupo criminal al que se responsabiliza de los ataques perpetrados la noche del 26 de septiembre de 2014.
La jornada del lunes, el abogado Blanco Cabrera, ex titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, sostuvo que Rosales Sierra ha variado sus posicionamientos en torno al caso Iguala.
A manera de ejemplo, dijo que en su momento el abogado Rosales respaldó lo dicho por un testigo colaborador de la FGR, aún teniendo la certeza de que se trataba de uno de los principales perpetradores de la agresión desatada en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Sin embargo, dijo que la postura cambió cuando se dieron a conocer unos chats de supuestos elementos del Ejército.
Rosales Sierra negó que tenga variación en sus posicionamientos, por lo que explicó: “Lo que pasa es que yo voy manejando al tenor de la información que se va recibiendo, hay líneas de investigación que van surgiendo y que se deben investigar con profesionalismo”.
“Si vemos que hay una línea de investigación de un testigo protegido que está diciendo que los estudiantes fueron divididos en diferentes grupos y llevados a diferentes lugares, pues debo de investigar”, indicó.
Rosales admitió que el testigo protegido, apodado “Juan”, es en realidad “El Gil”, Gildardo López Astudillo, uno de los líderes del Guerreros Unidos en Iguala en el momento en que se generaron los ataques.
“Si tengo un testigo que dice que varios estudiantes fueron desaparecidos por policías estatales, pues se debe investigar; Juan dice que hay un grupo de jóvenes que fue agredido por policías estatales y otro por elementos del Ejercito ¿por qué razón no debo atender esa línea? Lo que pasa es que él no quiere que se le otorgue valor porque lo señala, dice que él cobraba en la nómina de Guerreros Unidos”, agregó.
Respecto a los chats del Ejército, indicó que se trata de una línea más que también se debe de investigar porque ahí se anota que 38 de los 43 jóvenes fueron llevados a fosas clandestinas, lo que se debe indagar de manera exhaustiva y profesional, hasta el momento no se tiene una teoría contundente de lo que pasó con los normalistas.
Vidulfo Rosales comentó que de manera recurrente, el ex fiscal y el ex gobernador Angel Aguirre Rivero se refieren hacia las investigaciones que realizó la Fiscalía de Guerrero y señalan que fueron sólidas y que se mantienen firmes.
Dicha aseveración, de acuerdo con el litigante, se debe acotar al hecho de que se refiere a los momentos de la detención de los jóvenes, que se generó alrededor de 11:00 horas del viernes 26 de septiembre, después no tiene mayor trascendencia en lo que se refiere al destino de los normalistas
Y sostuvo: “Alardear y decir que si ellos llevaran la investigación esto ya se hubiera dilucidado, es faltar el respeto a lo que realiza el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.
MJVR