La nueva modalidad de construcción y urbanismo de fraccionamientos cerrados ha creado en los últimos años grupos de vecinos que mantienen cierto poder, bajo el esquema de velar por la seguridad de su sector habitacional, incluso confrontan a las autoridades y en ocasiones no acatan los reglamentos municipales.
No todos los vecinos de estos fraccionamientos cerrados están de acuerdo con los reglamentos internos, ya que casi son obligados a pagar cuotas mensuales que van desde los 350 hasta 500 pesos.
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A aquellos que se oponen a contribuir con estas cuotas simplemente se les entorpece la entrada al fraccionamiento, por lo que el vigilante que está en la caseta no activa la pluma de acceso vehicular.
Esto obliga al vecino a descender de su vehículo para activarla a través de un botón que está afuera de la caseta de acceso al fraccionamiento. Esta situación incómoda irrita al vecino que en ocasiones termina confrontado con el vigilante o con el presidente del “comité vecinal”.
Los vecinos que pagan estas cuotas bajo el esquema de “protección y seguridad”, tendrían la certeza de saber quién entra al fraccionamiento a través de un control de acceso que es regulado por el vigilante, el cual solicita los datos generales tanto a prestadores de servicios, así como a visitantes casuales o frecuentes.
Además, cuenta con el servicio de la activación de la pluma vehicular, así como el mantenimiento de los espacios públicos del mismo fraccionamiento.
En la actualidad, en la mayoría de estos fraccionamientos los vecinos cuentan con una aplicación informática que se instala en el celular, cuyo programa indica en tiempo real, quién tuvo acceso al fraccionamiento.
También, el mismo vecino puede regular el acceso de entrada de sus visitantes, a través del código lector QR, ya que este los comparte vía celular, entre sus familiares y amigos, quienes ya no tendrían que proporcionar sus datos generales al vigilante de la caseta.
El visitante sólo coloca el código QR, en un lector que se ubica en el acceso vehicular y automáticamente la pluma le permite la entrada. En algunos fraccionamientos privados el acceso a personas desconocidas que no proporcionan sus datos generales en la caseta de vigilancia, no se les permite el acceso por medidas de seguridad.
Es decir, mientras el visitante no proporcione sus datos generales, este podría ser considerado como una persona sospechosa. Incluso en algunos fraccionamientos privados se obstaculizan el acceso de los servicios de emergencia, tanto del Cuerpo de Bomberos, como de Protección Civil y autoridades policiacas, lo que genera un serio problema.
No se puede impedir el paso
Según lo establecido en el Artículo 179 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Coahuila, en los fraccionamientos privados no pueden impedir el libre paso de personas y vehículos.
Enrique Sarmiento, noveno regidor e integrante de la Comisión de Inspección y Verificación y Protección Civil del Cabildo de Torreón, expuso que no hay ninguna ley que impida el libre paso a personas y a vehículos, ni tampoco que se instalen casetas que regulen el acceso a estos sectores habitacionales.
Aclaró que se debe de regularizar estas situaciones, que en cierta manera no contempla la ley estatal, como es impedir el paso a una persona a espacios públicos que estén dentro de un fraccionamiento.
Además, añadió que el personal de vigilancia que se encuentra en las casetas debe contar con un criterio amplio sobre una persona que por su aspecto físico genere alguna sospechosa y se le impida el acceso.
Áreas verdes son públicas
Especificó que las áreas verdes y espacios públicos no pertenecen al fraccionamiento, sino al orden público y cualquier ciudadano puede usarlas. Argumentó que dentro del esquema de estos fraccionamientos privados, sí se contempla la construcción de casetas de vigilancia, más estas no son para regular el acceso, como en muchos de estos sectores habitacionales han realizado desde hace varios años.
Accesos y seguridad
Señaló que en materia de Protección Civil, estos fraccionamientos han generado problemas en el acceso de vehículos de exceso de dimensiones, ya que las entradas son reducidas y algunos camiones cisternas y unidades no caben.
Recordó que hace 12 años, cuando la inseguridad se incrementó en Torreón, los vecinos de algunas colonias, tales como la Ampliación Campestre La Rosita, Villa Jardín, Nueva Los Ángeles, entre otras, cerraron algunas vías de acceso a estos sectores habitacionales y prácticamente los convirtieron en fraccionamientos cerrados.
Los colonos justificaron estas acciones como medida de protección y seguridad, ya que en aquel entonces, los cuerpos de seguridad estaban rebasados ante la delincuencia organizada.
Aseguró que en la actualidad en el plano nacional, Coahuila es uno de los estados más seguros del país y por consiguiente se refleja seguridad en sus municipios.
Dijo que los índices de inseguridad han disminuido significativamente y aún así se entiende que la delincuencia evoluciona, por lo tanto, habitantes de estos fraccionamientos y autoridades del municipio, deben dialogar y ponerse de acuerdo dentro de los términos legales, para que terceras personas no resulten afectadas dentro del interés del orden público.
Mencionó que alrededor de 184 fraccionamientos cerrados están contabilizados en la cartografía de Registro de la Propiedad, con accesos restringidos y controlados.
“No nos oponemos a esta nueva modalidad de vivienda y mucho menos demeritar la organización y participación de los vecinos, pero si no están regulados no tendrán certeza jurídica, ni respaldo por parte de las autoridades del ayuntamiento”.
En ocasiones, el personal de las casetas de los fraccionamientos cerrados, han generado demora en algún servicio de emergencia, tanto de la Cruz Roja, como del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y de las patrullas de la Policía Municipal y Estatal.
También a personal de servicios privados como gas doméstico, mensajería, internet, entre otros, que enfrentan demoras, debido a que deben de proporcionar sus datos generales para ingresar. Esto ocasiona irritación en los empleados que prestan sus servicios en empresas privadas y entorpece la actividad económica.
aarp