Una decena de mujeres acompañadas por la activista feminista Ariadne Lamont Martínez, se instalaron en el puente peatonal ubicado a la altura de la escultura llamada 'El Manto de la Virgen', al oriente de Torreón, manifestando que a pesar de haber denunciado delitos como la sustracción de sus hijos o la violación de menores, las autoridades estatales comisionadas no han dado solución a sus carpetas de investigación.
Fue alrededor de las 9:00 de la mañana cuando el grupo se instaló sobre el puente peatonal para colocar mantas y carteles denunciando lo que consideran omisiones en los casos, y estableciendo que intentan visibilizar los hechos para que las autoridades asuman un compromiso en cuanto a la impartición de la justicia.
Fue así como las mujeres comenzaron a relatar sus casos y fue la señora Judith Esmeralda Cigarroa, quien señaló que su hija, teniendo once años de edad, fue violada por un familiar, también menor de edad, al que se le han garantizado sus derechos por encima de los de su pequeña.
“Mi hija hace un año y tres meses fue víctima de violación por un menor de edad al cual las autoridades, el estado y los jueces han estado protegiendo para no vulnerar sus derechos sin voltear a ver los derechos que tiene mi hija al acceso a la justicia; han quitado las medidas cautelares y han visto todo por el bienestar del joven, entonces, yo sólo lo que pido es justicia, que tomen en cuenta que mi hija también es menor de edad, ella tenía once años cuando pasó esto y el agresor tenía quince".
“Ahorita el estado, los jueces, han estado a favor de ellos, en las audiencias se ve el favoritismo para el imputado y yo sólo pido que tomen en cuenta que mi hija es menor de edad y tiene derecho al acceso a la justicia”, dijo la señora quien en contexto aseguró que el agresor es un familiar y el delito, ocurrido en la casa de una de las abuelas, fue denunciado de inmediato, pero hubo negligencias cometidas por los ministerios públicos. Ahora que el caso ya está judicializado ella considera que se privilegia el derecho del agresor.
Aunque señaló que el menor fue detenido, la orden de aprehensión no fue ejecutada debidamente por lo cual tuvieron que dejarlo libre aunque tiene edad para ser imputado, en tanto que la menor debe ser atendida psicológicamente y tomar medicamentos por prescripción psiquiátrica.
Por su parte la activista Ariadne Lamont dijo que se reunieron para realizar la protesta pacífica dos colectivas, 'Activistas Feministas de La Laguna' y 'Justicieras por Nuestras Infancias'.
“Estamos aquí como un recordatorio a la autoridad estatal, que estos casos están abiertos y que estas madres y padres siguen esperando justicia para sus pequeños y también para ellas, porque las mujeres que han pasado estos delitos es uno, sustracción de menores, es lo que le llaman violencia vicaria, que es cuando el agresor, el papá de esos niños quiere castigar a la mamá, y como ya no tiene acceso a ella porque están separados, ahora la castiga con lo que más quiere, que son sus hijos”, dijo la activista en tanto que los otros delitos oscilan en violaciones sexuales.
En el caso de la sustracción de menores, Lamont Martínez comentó que el agresor trastoca todos los ámbitos de la vida de la mujer, y en ese sentido presentó el caso de Laura Alejandra Flores López, a quien su ex esposo, un ministerio público, le quitó a sus hijos, sin que haya podido recuperarlos aunque ya han pasado varios años.
“Ya van a ser siete años sin mis hijos, sufriendo violencia institucional porque las autoridades han estado protegiendo a mi agresor, que no sólo es mi agresor sino agresor de mis hijos también porque un padre que violenta a la madre delante de sus hijos, también ellos están siendo violentados. Son años de lucha, son cuatro carpetas de violencia, se acaba de judicializar una en abril de este. La juez lo encontró culpable, sin embargo no dio sanción o castigo”.
En este caso, la madre dijo que ella continúa sin poder ver a sus tres hijos, todos menores de edad que fueron separados en el año 2016 sin motivo alguno, por lo cual denunció el hecho en el Centro de Empoderamiento de la Mujer, en esta ciudad, señalando actos de violencia, en tanto que se abrieron dos carpetas en la ciudad de Saltillo y se denunció el hecho el juzgado civil familiar que se ubica en Parras de la Fuente.
“No hay una carpeta abierta en mi contra, me han hecho estudio psicológicos tanto la Pronnif como la Fiscalía, el poder judicial, y todos no indican algún trastorno que me impida poder criar a mis hijos y no es justo porque una madre es vital para sus hijos y las autoridades deben tener presente eso… no intentan resolver y todo lo que promueve mi abogado en el juzgado familiar, en todo me niegan y en todo lo que promueve mi agresor dan entrada y trámite”.
Esta madre dijo que tiene dos años sin ver a sus hijos porque una juez en la ciudad de Parras de la Fuente le impidió la convivencia bajo el argumento de la pandemia, se le dijo que los padres no custodios no podían llevar la convivencia.
“El derecho superior de cualquier menor debe estar por encima de cualquier pandemia, la convivencia es vital para los niños, el acercamiento con su madre, la crianza es vital. Violaron todos los derechos y garantías de mis niños en el Juzgado de Parras de la Fuente.
“Es una violencia institucional terrible, él como ministerio público del juzgado donde le dieron arbitrariamente la guardia y custodia de mis hijos, lo acaban de premiar y hacer juez calificador en el municipio de Parras y su hermano desde el poder del Estado, es fiscal de juicios y procesos. Está clara la violencia institucional, el favoritismo hacia el señor y el abuso del poder”.
aarp