Tuvo que pasar un año para que Ana accediera a los derechos laborales que por ley le corresponden, mismos que no exigía por miedo a ser despedida; de esa forma pasó a ser una de los miles de trabajadores en la informalidad en Baja California.
A pesar de cumplir cabalmente con sus labores, con un horario fijo, la profesionista trabajó en la incertidumbre: sin acceso a la asistencia médica, garantía de ingresos para la vejez, desempleo, enfermedad, invalidez y accidentes.
"Me pagaba en efectivo, no tenía recibos de nómina, no podía comprobar nada de gastos; quería tramitar la visa y no podía porque no estaba dada de alta en el seguro social y cuando me da de alta me da un salario que no me corresponde, más bajo, para obviamente pagar menos", explica.
Ahora la Cruzada Contra el Empleo Informal promete ser un camino de luz para este tipo de trabajadores.
El anuncio que hizo el presidente Enrique Peña Nieto hace casi un año prometió certidumbre a millones de trabajadores, muchos de ellos profesionistas.
Migrantes que encontraron un espacio como trabajadores de confianza con la esperanza de algo mejor al pasar de los años, madres solteras que optaron por el trabajo doméstico para tener un ingreso fijo, profesionistas que ingresaron como estudiantes a una empresa para hacer servicio social o prácticas profesionales; todos, como Ana, trabajan sin seguridad social que por ley les corresponde.
"Se molestó, me dijo que desde un inicio ella me había dicho que no me podía dar el seguro social, cuando no era cierto. Me dijo 'a la brevedad te doy de alta', pero no, como uno nunca dice nada...busqué otra opción; la liquidación, una basura. Era auxiliar administrativo pero hacía muchas cosas más, era todóloga", platica.
No obstante, en Baja California existen 600 mil trabajadores con rostro anónimo: no tienen comprobante de ingresos, no están en las nóminas de sus empresas ni en el registro del seguro social, según un estudio de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Además, la entidad se encuentra entre los estados con mayores niveles de desempleo, pues de acuerdo al Inegi hay una tasa de 5.47 por ciento.
Ante esta situación, el gobierno estatal promete la creación de empleos en 2014 a través de la aplicación de programas con la federación, sostiene la secretaria del Trabajo y Previsión Social (SPTS), Juana Laura Pérez Floriano, aunque serían 10 mil menos que en 2013.
"Para el caso de Baja California hemos establecido una meta de 40 mil empleos. Habremos este año de implementar un programa importante de productividad, en donde el gobierno federal establece una bolsa de 12 mil millones de pesos para todos los estados, donde el gobierno del estado habremos de ser el vínculo para que las empresas generen sus programas", precisa.
Pero la necesidad de controlar la informalidad no sólo es para beneficiar a las personas que no cuentan con seguridad social. Para el comercio establecido también es un golpe el que miles de personas sin trabajo se autoempleen en el ambulantaje y sin pagar impuestos, y quiten clientela a los formales.
Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tijuana, Karim Chalita Rodríguez, la falta de voluntad por parte del gobierno ha orillado a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales a la informalidad.
"De cada 10 empleos formales, seis están en la informalidad y el reflejo es muy claro en la situación empresarial; tienes la gente de la calle que de alguna manera tiene que buscar un sustento. Ahora vienen a un comercio y ha sido complejo para mí cumplir y viene una orden de clausura. ¿Pues qué va a pasar? Me voy a tener que poner en la calle, lamentablemente", apunta.
A ocho meses de anunciada la Cruzada Contra la Informalidad, Baja California sigue con más del 40 por ciento de la población económicamente activa en la informalidad.