La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) declaró un paro de labores indefinido a partir del 7 de octubre de 2024.
Esta medida, que afectará actividades académicas, administrativas y de investigación de la institución, surge como respuesta a lo que la universidad considera una violación de su autonomía por parte del gobierno estatal.
En un comunicado emitido por el encargado del despacho de Rectoría de la UAS, Candelario Ortiz Bueno, argumenta que, desde febrero de 2023, la universidad es víctima de una "persecución política" orquestada por los tres poderes del estado de Sinaloa.
El documento acusa al Poder Ejecutivo, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, de ejercer presión sobre los poderes Legislativo y Judicial locales, con el objetivo de intervenir en la vida interna de la universidad, violando principios constitucionales.
La controversia comenzó cuando el Congreso de Sinaloa aprobó la Ley de Educación Superior de Sinaloa en febrero de 2023, una legislación que, según la universidad, vulnera su autonomía, consagrada en la fracción séptima del artículo tercero de la Constitución Política y en la Ley General de Educación Superior.
La UAS interpuso un amparo que, aseguran, fue resuelto a su favor, confirmando que dicha ley violaba la autonomía universitaria.
Acusan desacato a sentencia judicial
A pesar del fallo judicial, que obligaría al Congreso y al gobernador a no aplicar los artículos inconstitucionales de la ley, el Congreso del Estado continuó con un proceso legislativo que modificó la Ley Orgánica de la UAS.
De acuerdo con el comunicado de la universidad, estas modificaciones fueron hechas sin consultar a la comunidad universitaria y se publicaron en el Periódico Oficial de Sinaloa el 3 de octubre de 2024, aunque el documento tiene fecha del día anterior.
La universidad señaló que estas reformas fueron impulsadas sin el debido proceso de consulta y participación de la comunidad académica, y acusa al gobierno estatal de utilizar su poder de manera arbitraria.
Además, sostiene que los cambios a la Ley Orgánica de la UAS responden a una agenda política que busca erosionar la autonomía de la institución.
Destitución de autoridades universitarias
Otro de los elementos clave que provoca el paro indefinido es la destitución de Robespierre Lizárraga Otero como encargado del despacho de rectoría, una decisión que fue tomada por el juez de control Carlos Alberto Herrera.
Esta remoción es considerada por la universidad como parte de la misma "persecución política" que inició en 2023 con la separación del entonces rector, Jesús Madueña Molina.
La destitución de Lizárraga Otero, según el comunicado, pone en riesgo la estabilidad académica y administrativa de la universidad, ya que la UAS enfrenta una situación de incertidumbre que afecta directamente su funcionamiento.
La institución denuncia que el juez actuó de manera "ilegal y arrogante", al responder a las presiones políticas del gobierno estatal.
Justificación del paro
La UAS asegura que el paro indefinido es una medida necesaria ante la "cerrazón e ilegalidad" con la que han actuado los poderes del estado.
En el comunicado, Ortiz Bueno lamenta el impacto que esta decisión tendrá en la vida académica, cultural y deportiva de la universidad, pero subraya que la comunidad universitaria no tiene otra opción ante lo que considera un ataque directo a su autonomía.
El paro, que entrará en vigor el lunes 7 de octubre, afectará a miles de estudiantes, académicos y trabajadores de la UAS en todos sus campus.
No obstante, la universidad hizo un llamado a la comprensión y solidaridad de los estudiantes, padres de familia y la sociedad sinaloense en general, al considerar que la defensa de la autonomía universitaria es un tema crucial no solo para la UAS, sino para el futuro de la educación superior en el estado.
Respaldo del sindicato universitario
En un segundo comunicado emitido por el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (Suntuas), la organización gremial se pronunció en defensa de la autonomía universitaria y en contra de la intervención del gobierno estatal.
El Suntuas señala que las acciones del Congreso local, al modificar la Ley Orgánica de la UAS, son ilegales y violan los resolutivos federales que protegen a la universidad.
El sindicato destaca que, desde su creación, la UAS ha sido un factor de estabilidad en Sinaloa, contribuyendo al desarrollo del estado mediante la oferta de programas educativos de calidad.
La intervención gubernamental, argumentan, no solo afecta la autonomía de la institución, sino que también pone en riesgo el bienestar de la comunidad académica y administrativa.
Además, el Suntuas rechaza lo que considera una campaña de hostigamiento y represión en contra de las autoridades y trabajadores universitarios, señalando que la destitución de Lizárraga Otero es un claro ejemplo de esta persecución.
En su comunicado, el sindicato también aboga por un diálogo respetuoso en el que prevalezca el respeto a la legalidad y los derechos de la comunidad universitaria.
Piden intervención federal
Finalmente, Candelario Ortiz hizo un llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que intervenga en la resolución del conflicto.
Ortiz Bueno expresó su confianza en el liderazgo de la presidenta, quien, según el comunicado, podría mediar para encontrar una solución que permita restablecer la normalidad en la UAS y garantizar el respeto a su autonomía.
MO