El Estado de México recibirá recursos públicos federales para implementar acciones de prevención del embarazo infantil y adolescente, así como de atención y prevención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes, de acuerdo con un convenio publicado en la Gaceta de Gobierno.
“El problema del embarazo en adolescentes pone en riesgo la estabilidad social y económica de México; al mismo tiempo, precariza la vida de las mujeres, ya que al ser madres dejan de estudiar para entrar al campo laboral. En consecuencia, no se encuentran calificadas para desempeñar empleos y su proyecto de vida se detiene, por lo que el resultado es mayor pobreza y marginación”, refiere el documento.
Recursos necesarios
Aunque no se especifica el monto, los recursos corresponden al Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (Fobam) 2026 y serán destinados a la estrategia federal denominada: Niñas y Adolescentes Libres y Seguras, que considera a cinco municipios mexiquenses, entre ellos Chimalhuacán, Ecatepec, Naucalpan, Santo Tomás de los Plátanos y Toluca.
Las acciones contempladas deberán desarrollarse en nueve tipos de intervención: comunitaria; casa por casa; en escuelas con niñas, niños y adolescentes; con madres, padres y personas cuidadoras; con personal docente; con personal de salud; con servidores públicos municipales, en espacios públicos y en los centros LIBRE.
Metas definidas
El objetivo es contribuir a la prevención y erradicación del embarazo infantil y a la disminución del embarazo en adolescentes, además de atender factores relacionados con la violencia sexual y las uniones forzadas.
El convenio entre la Secretaría de las Mujeres federal y el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de las Mujeres mexiquense, establece que los recursos solo deberán utilizarse para las acciones contempladas en el Fobam 2026.
Además, podrán ser auditados por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación y otros órganos fiscalizadores competentes. El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque la obligación de comprobar el uso de los recursos continuará conforme a las disposiciones establecidas.
La Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras se lleva a cabo en 50 municipios prioritarios de 19 entidades del país, mediante acciones comunitarias orientadas a prevenir la violencia sexual, las uniones tempranas y el embarazo infantil.