La aprobación de la iniciativa para derogar el delito de autoridad, enviada por el gobernador de Veracruz al Congreso del estado, no implica que las mil 33 personas detenidas por este ilícito, de marzo de 2021 a la fecha, dejarán la cárcel en automático.
Para que las personas sean liberadas, sus defensores tendrán que solicitar el sobreseimiento del proceso penal, señalaron abogados penalistas en entrevista.
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Arturo Nicolás Baltazar, abogado penalista, señaló que el proceso legal debe seguirse porque "se debe solicitar el sobreseimiento de cada proceso penal" aunque el delito se derogue.
Por su parte el abogado, Jorge Reyes Peralta indicó que la liberación no es automática. “Piensan que, al momento que los diputados deroguen el delito, todos van a salir de la cárcel, pero eso no es cierto. Tienen que ser liberados legalmente, promoviendo los sobreseimientos. No es automática la salida, ni es una medicina que hoy se la dan y al rato están en la calle”.
El lunes, el Congreso del estado informó que habían recibido la iniciativa de reforma al Código Penal por parte del Ejecutivo local, que tiene por objetivo atender la recomendación 146/2021 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras la detención arbitraria de seis jóvenes en un centro comercial de Xalapa, a quienes acusaron de ultrajes a la autoridad y mantuvieron presos tres meses.
Los jóvenes fueron sometidos a proceso por supuestas agresiones contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, sin embargo, la detención quedó graba en video y jamás se observa agresión alguna.
En su exposición de motivos, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, advirtió que con la iniciativa se dejará un "vacío legal" para tipificar agresiones hacia policías y elementos de seguridad pública.
“La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la derogación del artículo 331 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; no obstante, el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los delitos graves y la prisión preventiva oficiosa en caso de que un delito se realice con medios violentos, como armas y explosivos, por lo que se advierte que se dejaría un vacío legal para tipificar la conducta de agresión con medios violentos hacia servidores públicos, en específico a policías y elementos de seguridad pública".
"Sin embargo, con el fin de salvaguardar los derechos humanos en la entidad, y atender el punto recomendatorio sexto, se propone este proyecto a fin de dar cumplimiento a la recomendación aceptada en todos sus términos".
García Jiménez aceptó la recomendación para brindar protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, sin embargo, advirtió que la reforma podría ser contraproducente.
ROA