El diagnóstico médico de Yolli García, ex presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), no es prometedor. Tiene una estenosis aórtica. Su esposo, Adán Armenta, dice que se trata de “un endurecimiento de una de las válvulas del corazón que le puede traer como consecuencia una embolia o un paro fulminante”.
Con esa condición, la ex comisionada presidenta del IVAI permanece en el Centro de Alta Especialidad de Veracruz, en espera de una cirugía en la que deberán reemplazarle la arteria, pero vigilada las 24 horas por una policía que no se despega de su cama.
De no estar internada en el hospital, esperando su operación, Yolli García estaría encerrada en el penal de Pacho Viejo, acusada de supuestos delitos que ni siquiera ameritaban prisión preventiva, de acuerdo con sus defensores, en espera de que su caso se reactive y dicten sentencia.
Para Adán Armenta, su esposa es una “presa política del gobernador de Veracruz”, quien desde hace tiempo la amenazó por el trabajo que ella realizó al frente del IVAI, desde donde se emitieron resoluciones al gobierno de Cuitláhuac García para transparentar información pública que al mandatario no le gustaron.
Uno de los casos que más molestó al gobernador veracruzano, según Armenta, fue aquél en el que el IVAI ordenó a la Contraloría del estado transparentar la información sobre el parentesco de Cuitláhuac García con su primo, Eleazar Guerrero, subsecretario de Finanzas, un tema en el que el mandatario siempre fue evasivo.
“Miren, eso tendrán que averiguarlo por lo siguiente: tiene que ver con mi abuela (…) Yo ya no voy a poder cuestionar a mi abuela, lo siento, que en paz descanse”, dijo en junio de 2019 en una conferencia de prensa.“Él quedó como mentiroso ante todos los veracruzanos diciendo que no era su familiar; se le ordenó por parte del Instituto para que se obtuviera la información de esta persona y se comprobó que éste era su familiar y que había un conflicto de intereses…”, recuerda Armenta.
Tiempo después, a decir de su esposo, vino la represalia. La acusación central en contra de Yolli García consistió en que ella autorizó, a petición del contralor y con el respaldo de sus dos compañeros del pleno, la contratación de un par de servidores públicos para el área de la contraloría del instituto; dicha contratación fue, presuntamente, indebida por invadir funciones del contralor. Sus defensores consideran que fue una trampa que los allegados al gobernador usaron para, en vez de acusarla por la vía administrativa, acusarla por la vía penal y encerrarla.
“Es una situación de interpretación jurídica que no te da para un delito, pero ellos, como te lo había adelantado, ya la habían amenazado y la querían fastidiar de alguna manera. ¿Cómo te fastidio? Me voy por la vía penal, te acuso de coalición, te acuso de usurpación de funciones y te acuso de ejercicio indebido del servicio público”, explica su esposo.
Yolli García fue detenida el 26 de marzo de 2020 afuera de un restaurante, sin que ella estuviera enterada de que había un procedimiento abierto y menos una orden de aprehensión en su contra.
“Los policías que la arrestaron, la esposaron y creo que hasta la golpearon porque traía los lentes rotos, le dijeron que para qué se metía con el gobernador”, recuerda Armenta.
Aunque la decisión de las polémicas contrataciones fue de los tres comisionados del pleno, sólo a ella se le dictó prisión preventiva.
En una celda húmeda
El deterioro de su salud, principalmente de su corazón, se debe a lo que ha vivido adentro de esa cárcel, húmeda y vieja, que está rodeada de vegetación, en el municipio de Coatepec.
“Podría haberse recrudecido y te voy a decir por qué no sólo la cuestión del corazón, sino la emocional: la tienen permanentemente en una celda de castigo, es un cuarto extremadamente húmedo, con una puertita, sin ventanas, completamente oscuro”, platica su esposo.
Aunque su salud se ha complicado en los últimos dos años, Adán Armenta acusa que las autoridades penitenciarias han obstaculizado una y otra vez que médicos especialistas la atiendan. Pese a su diagnóstico, dice, han sido reticentes para mantenerla en un hospital.
Sin embargo, un médico internista de uno de los hospitales a la que un día la trasladaron, se confrontó con el médico del reclusorio.
“Llegó el internista y le dijo: ‘¿usted insiste en llevarse a Yolli?’. ‘Sí, sí nos la queremos llevar’. ‘Ah, muy bien, entonces aquí está la responsiva, fírmela usted’. Y mejor se fue. En ese momento, le dio prisa por irse y se fue del hospital y es hora en que el médico del reclusorio no vuelve al hospital”, platica Armenta.
A partir de entonces, Yolli permanece en el hospital en espera de su cirugía, de la que obtendría fecha en estos días.
“Si la opero ─le dijo el cardiólogo─, le doy 40 años de vida, si nos vive; sea metálica o sea de animal, la aorta se tiene que cambiar”, platica.
Sin embargo, el riesgo que corre su vida no está en la cirugía en la que la abrirán el corazón. El temor más grande de su familia, y de quienes la apoyan, es que una vez operada, el gobierno de Veracruz insista en mantenerla en el reclusorio, en donde ha estado por más de 670 días por un proceso judicial irregular y que está congelado en uno de los juzgados de la entidad.
“Está muy angustiada de que sigan fastidiándola, de que la quieran regresar al reclusorio a pesar de la condición médica en la que está y en la que va a estar de aquí en adelante, de por vida, porque va a necesitar una vigilancia de dieta, vigilancia emocional, de tranquilidad y vigilancia en el consumo de ciertos medicamentos, en el que tendrá que estar yendo constantemente al hospital a exámenes clínicos para ver cómo está su sangre”, dice Armenta.
El pasado jueves, 117 activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, comisionados de transparencia de otros estados y al menos 10 organizaciones no gubernamentales exigieron, mediante una carta, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos garantizar la atención médica necesaria a Yolli García y permitirle llevar el proceso en libertad, porque su caso no amerita prisión preventiva y para no afectar más su salud.
“Ella está en una situación de peligro de vida, porque así es, no exagero, es una situación de peligro de vida; si a Yolli ahorita le insistieran en que la quieren regresar al reclusorio ─no sé qué tanto interés tienen en que la regresen al reclusorio─, la van a matar y hago responsable de una vez al gobernador del estado”, acusa su esposo.
La comisionada Maricarmen Nava, del instituto de transparencia de la Ciudad de México, es una de las firmantes de la carta. Ella resume una de las principales demandas a las autoridades de Veracruz: “que Yolli esté en libertad y que, claro, corran los procesos legales correspondientes de investigación y se cierre el caso, porque también, pues eso, tener las respuestas, tener la certeza, de por qué sí o por qué no procedieron los cargos que se le imputan”.
RLO