La muerte de José Eduardo Ravelo, el joven veracruzano que días antes de su muerte denunció tortura y abuso sexual por parte de policías municipales de Mérida, en Yucatán, se une a una larga lista de detenciones arbitrarias que llevan más de una década sin resolverse en esa entidad.
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Desde 2010, los integrantes de la organización Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos han acompañado a víctimas y documentado, por lo menos, 13 casos de detenciones policiales bajo circunstancias de tortura.
El fallecimiento de José Eduardo, descartado el pasado jueves como violación de derechos humanos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), se uniría a la lista como el número 14.
“En todo este tiempo, como grupo de derechos humanos, hemos constatado que la tortura es una práctica sistemática en el estado de Yucatán (...) Tenemos casos de distintas corporaciones policiacas, de distintas administraciones, de prácticamente todos los municipios de Yucatán”, asegura Martha Capetillo, integrante del grupo Indignación.
“En el estado de Yucatán nosotros hablamos de que estamos en una crisis de derechos humanos, y la profundidad de esta crisis es tal que estamos hablando de una gran cantidad de personas que han muerto bajo custodia policial en los últimos años, todas impunes”, agregó.
Las denuncias por tortura en el estado abundan en los récords de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGEY).
Del 2007 a septiembre, se han presentado más de 600 quejas por violaciones de derechos humanos ante la Comisión yucateca, pero solo 24 de estas han sido catalogadas como tortura, según datos compartidos por la Comisión a MILENIO.
En ese mismo periodo, la CODHEY emitió un total de nueve recomendaciones por dicho delito y 48 por tratos crueles, inhumanos o degradantes. Solo un 60 por ciento de estas fueron cumplidas, señala José Gustavo Arjona Catú, secretario ejecutivo de la Comisión.
“Viene el agraviado y se queja por el tema de tortura, pero no se logra acreditar. Y a veces lo que se logra acreditar es el trato cruel, inhumano, degradante, que también constituye una violación grave de derechos humanos. No porque no sea tortura, es menos grave”, aclaró el secretario ejecutivo. Las quejas que se presentan por tratos crueles e inhumanos o degradantes “son las que más tenemos o más se presentan en el caso de las intervenciones policiales”, agregó.
Por su parte, la Fiscalía de Yucatán dio a conocer por medio de una petición de transparencia en agosto que hasta ese mes se habían recibido 315 denuncias por el delito de tortura desde 2020. Sin embargo, aclaró que, hasta aquel entonces, no se había judicializado ninguna carpeta de investigación con relación a las denuncias.
Según World Justice Project, Yucatán es la entidad con el mayor nivel de estado de derecho en toda la república, al ocupar el primer escaño en su Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021.
La única queja que la CODHEY ha acreditado como tortura desde 2017 es aquella que María Ravelo, mamá de José Eduardo, interpuso ante el órgano estatal a finales de julio, días antes de que el joven falleciera por una “destrucción orgánica múltiple y politraumatismo”, según la necropsia original.
Pero el caso de José Eduardo dio un giro inesperado el pasado jueves, cuando la dependencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, estableció que su muerte no había sido a causa de una golpiza o violación sexual, sino neumonía.
Reportan hasta 14 casos de abuso policial
Entre los casos que ha documentado el grupo Indignación se encuentra el del periodista Edwin Canché Pech, quien en 2014 fue aprehendido y torturado por policías municipales de Seyé tras intentar fotografiar a un pariente del entonces alcalde de esa municipalidad, Emilio Dzul Huchim.
“Fui a cubrir la nota y fui apresado por policías municipales, los cuales me llevaron al Palacio entre empujones, goles y todo. Y llegando allá, me torturaron. Me encerraron junto con el presidente municipal y me golpearon”, dijo en entrevista a MILENIO. “El error fue llegar a donde estaba el presidente municipal en esos momentos, y no le gustó que supuestamente fuera fotografiado”, agregó.
Su caso tuvo grandes avances en los pasados siete años e incluso existe una jurisprudencia a su nombre aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, él no considera que la justicia se aplicó a su favor.
“Se sentenció al presidente municipal y a los policías, sin embargo, dos fueron exonerados porque según no había elementos suficientes para condenarlos. Entonces siguieron su proceso en libertad, pagaron una fianza y todos siguen en libertad”, señaló el periodista.
Además de Edwin y José Eduardo, Indignación compartió con MILENIO datos sobre otros 12 casos.
Uno de los expedientes más antiguos es el de Roberth Tzab Ek, quien falleció bajo custodia de las autoridades locales el 19 de agosto de 2010 tras ser ingresado dos días antes a una cárcel preventiva en Tekax. Previo a su detención en Oxkutzcab, él había herido de bala a algunos elementos.
El siguiente año, otro hombre murió en custodia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mientras era torturado, o al menos así lo sugiere la recomendación 7/2014 de la CODHEY, la cual narra el testimonio de un testigo que escuchó a los policías decir “ya se te felpó uno”.
De similar forma, en 2016 fallecieron bajo custodia William Roberto Chan Cob, en el municipio de Temax; Crispín Diaz, en Mérida; y otro hombre que ni siquiera logró ser ingresado a los separos de SSP, además de José Nery, quien perdió la vida en una cárcel de Teabo en 2018, y Genaro Vázquez, cuya muerte fue registrada en el centro de detención municipal de Oxkutzcab.
En los siete casos, las autoridades argumentaron desde suicidio hasta infartos, incluso cuando algunos de los detenidos eran menores de 30 años.
“Cuando una persona fallece bajo custodia policial, evidentemente, hay una responsabilidad del estado (...) El estado ni siquiera reconoce el deber, la obligación de garantizar la integridad de las personas, (sobre todo) cuando una muerte ocurre bajo custodia policial. Hemos insistido ante distintas administraciones que el estado tiene la obligación de implementar un protocolo para descartar tortura”, dijo Capetillo de Indignación.
Otro caso que destaca es el de José Adrián, un adolescente maya con discapacidad que en 2016 fue torturado en el municipio de Oxkutzcab para confesar un crimen que no cometió. En aquel entonces, el joven tenía 14 años y su caso, apoyado en gran parte por Amnistía Internacional, sigue impune.
Indignación también documentó otros dos casos de testimonios de víctimas que aseguran que fueron secuestrados, torturados y posteriormente liberados por policías locales.
Pero el caso que destaca más de entre todos es el de un joven cuya tortura en 2016 fue grabada y publicada en redes sociales por uno de sus agresores. Miguel Antonio Bacab Ku, el policía detrás del video filmado en Tekax, fue posteriormente torturado de igual manera por sus compañeros tras la difusión de las pruebas del crimen.
“Quizás el único caso que ha sido judicializado en la historia de Yucatán es el que firmó precisamente un policía (...), este mismo policía después es torturado y ese caso sigue impune”, dijo la integrante de Indignación.
dmr