Un total de 644 homicidios y 334 desapariciones y secuestros fueron documentados en regiones fronterizas de Venezuela por la ONG de derechos humanos Fundaredes, que este jueves presentó un informe sobre la violencia en zonas limítrofes.
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La cifra de muertes violentas en áreas fronterizas en este país de 30 millones de habitantes bajó 34.2 por ciento en 2022 frente a la de 2021 (979), pero la de desapariciones y secuestros subió 7.4 por ciento en comparación con la del año anterior (309), según el estudio de activistas de Fundaredes en estados que limitan con Colombia, Brasil y países del Caribe como Curazao y Aruba.
Adriangela Álvarez, investigadora de Fundaredes, alertó que 80 de las 334 víctimas de desapariciones y secuestros fueron mujeres, la mayoría cuando buscaban emigrar forzadas por una severa crisis económica que, según la ONU, ha llevado a más de 7 millones de venezolanos a dejar su país.
"Se convierten en presa fácil de las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, así como de grupos armados irregulares y bandas delincuenciales que mediante ofertas engañosas las captan y someten a trabajos forzosos y prostitución", indica el informe.
Crítica con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, la ONG denuncia la actividad de grupos criminales y combatientes de la guerrilla colombiana del ELN y disidentes de las FARC, así como de mafias de minería ilegal.
Fundaredes reportó 167 enfrentamientos violentos en 2022, la mayoría con actuación de cuerpos de seguridad del Estado.
Su director, Javier Tarazona, permanece preso en Venezuela desde el 2 de julio de 2021, acusado de "terrorismo", "instigación al odio" y "traición a la patria". La ONG denuncia una "detención arbitraria" e "ilegal" y exige su libertad.
Las Naciones Unidas consideraron como "un ejemplo preocupante" de las "restricciones al espacio cívico" en Venezuela los arrestos de Tarazona y otros dos activistas que posteriormente fueron excarcelados con la orden de presentarse periódicamente en tribunales. Ocurrieron luego de que estos acusaran al gobierno de Maduro de tener vínculos con grupos armados irregulares que actúan en la frontera.
Venezuela es uno de los países garantes de las negociaciones de paz que el gobierno de Colombia retomó el pasado 21 de noviembre con el ELN, que buscan emular el histórico acuerdo firmado en 2016 con las FARC.
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