A la semana, 4 asesinatos de activistas ambientales

Sin duda, el año pasado fue el más mortífero para los defensores del medio ambiente y el derecho a la tierra en todo el planeta, con una cifra récord de al menos 207 asesinados, es decir, casi cuatro por semana, en 22 diferentes países, en su mayoría de América Latina, denunció este martes en París la organización civil Global Witness, que presentó su informe anual “At What Cost” (“¿A qué costo?”), el cual consigna que 2017 fue “el peor año registrado hasta ahora” y desde el 2002, cuando inició el registro.

Según destaca Rémi Barroux, del diario francés Le Monde, “las víctimas son desde jefes comunitarios hasta activistas, asesinados mientras intentaban proteger sus casas y sus comunidades contra la extracción minera, la agroindustria y otras industrias destructivas”, como detalla Global Witness.

Añade que no solo la mayoría de las muertes quedan impunes, sino que “las estadísticas es algo difícil de establecer, además de que la recolección de información es a menudo compleja cuando, además, las fuerzas gubernamentales están asociadas en cerca de la mitad de los casos” con los crímenes.

“Así, es probable que la cifra real sea más alta”, añade el informe.

No obstante, destaca Le Monde, los expertos de Global Witness están en capacidad de dar cuenta de la cartografía de un planeta “donde defender el medio ambiente y el derecho a la tierra puede costar la vida”. Con “Brasil, Colombia, México, Perú y Nicaragua encabezando la lista de casos –dice el reporte–, América Latina concentra 60 por ciento de las muertes”.

El informe destaca que “Brasil registró el peor año documentado en todo el mundo con 57 muertes, mientras 48 activistas fueron asesinados en Filipinas, “la cifra más elevada nunca antes registrada en un país asiático”.

Ben Keather, responsable de la campaña de Global Witness, aseguró en París que “se han asesinado a militantes locales porque los gobiernos y las empresas están de acuerdo en priorizar las ganancias rápidas por encima de las vidas humanas. Y las comunidades valientes que se enfrentan a los funcionarios corruptos, a las industrias depredadoras y a la devastación ambiental son brutalmente reducidas al silencio”.

Según la ONG, por primera vez es la agroindustria la que concentra el sector más mortífero, con “al menos 46 muertes”, seguido de los lugares de extracción minera, donde los asesinatos pasaron de 33 a 40 en relación con las cifras de 2016.

Global Witness subraya, además, que está dispuesta a demostrar que esta violencia letal está ligada directamente a los productos que consumimos: “Los sectores incriminados, agroindustria, extracción minera, tala de bosques producen los ingredientes que entran en la fabricación de productos vendidos en los supermercados como el aceite de palma para los champús, la soya para alimentar bovinos a los y la madera para los muebles”.

Sobre Colombia, con el segundo lugar de muertes en el área (54), el reporte cita el caso de Hernán Bedoya, abatido de 14 tiros por un grupo paramilitar al protestar contra la extracción de aceite de palma y las plantaciones bananeras en tierras robadas a la comunidad.

“América Latina, Asia, África… pocos continentes escapan a esta violencia mortal”, afirma Le Monde, y repara en todas las amenazas dirigidas a obstaculizar la lucha de los ambientalistas, a saber “persecución judicial, arrestos, amenazas contra las familias, violencia sexual, vigilancia ilegal, amenazas de muerte y secuestros”, según destaca en su enérgico informe Global Witness.

Agrega que la resistencia ante la caza ilegal también creció en peligrosidad en 2017, con otro récord de 23 asesinatos, la mayorías de guardabosques en el continente africano.