El debate en España sobre abolir la prostitución ha instalado una serie de cuestionamientos a los derechos civiles, los planteamientos del gobiernos y partidos políticos, activistas, así como las condiciones en las que, quienes ejercen ese actividad, se enfrentan a diario dentro del país europeo.
La situación, más en específico para quienes ejercen la prostitución en España, que son generalmente mujeres, plantea puntos como el derecho civil entre personas adultas y la remuneración, frente la seguridad, las víctimas de trata de personas y otras vulneraciones contra los grupos femeninos.
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En las siguientes líneas te presentamos los puntos fundamentales que abarca el trámite legislativo sobre la ley para abolir la prostitución en España, cuáles son los puntos en discordia y las críticas que enfrenta al gobierno socialista de Pedro Sánchez.
¿Cuáles son los puntos de la ley para abolir la prostitución en España?
La medida que fue aprobada a trámite por el Congreso en España supone una reforma al Código Penal de ese país, establecida en la ley denominada “solo sí es sí”, impulsada principalmente por el bloque socialista y que entre sus puntos “castiga de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación”.
El artículo que se eliminaría es el 187, ampliando así el tipo penal al proxenitismo no coactivo, multando además a los clientes de esos servicios e instalando una figura que también persigue a los dueños de locales que sean prestados para realizar esa actividad.
Según medios españoles, las multas van de 12 a 24 meses, aumentando la situación en caso de que la víctima sea menor de edad, sin que se sancione a quien esté ejerciendo la prostitución.
El concepto de explotación fue eliminado en la propuesta socialista, rebajando las penas de de dos a cuatro años de cárcel, por el de uno a tres años en esa situación. La misma medida considera como graves “la violencia, intimidación, engaño o abuso” hacia quienes ejercen la prostitución en España.
¿Cuáles son los aspectos que enfrenta el gobierno de Pedro Sánchez?
La medida es impulsada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), bloque del presidente Pedro Sánchez, quien en este punto ha tenido más cercanía con sus opositores que con sus socios en el Congreso.
"La explotación sexual, el comercio con el cuerpo de las mujeres es el último residuo del sistema esclavista", calificó hace unos días la vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra, según consigna RTVE.
El mismo medio sostiene que la representante socialista detalló que 45 mil mujeres son explotadas sexualmente en el país, agregando que están dispuestos a trabajar con sectores que apoyan la propuesta y criticó a quienes los cuestionaron por la medida.
"Ninguna mujer ejerce la prostitución de forma libre", dijo en el parlamento la diputada Marta González, del Partido Popular, bloque opositor al gobierno de Sánchez.
El partido Unidas Podemos también ha apoyado la medida, pero otros sectores de izquierda que respaldan al gobierno no lo hicieron, tal es el caso de Esquerra Republicana de Catalunya, Euskal Herria Bildu, el Partido Nacionalista Vasco y En Comú Podem.
En varios de esos grupos políticos apelan a que la propuesta del bloque de gobierno es paternalista, que ataca el derecho a las mujeres, que no es del todo punitivista y que no va acompañada de medidas sociales para acabar con la prohibición.
Los integrantes de Vox se abstuvieron de votar la medida, aunque adelantaron que introducirán algunas enmiendas al texto socialista, cuestionando que la propuesta no sea más castigadora y deje puntos como alternativas, medios y recursos para las mujeres que ejercen la prostitución en España.