Las fuerzas de seguridad de Birmania allanaron esta mañana un vecindario en la ciudad más grande del país, Rangún, donde viven trabajadores ferroviarios en huelga contra el golpe de Estado militar que ya lleva más de un mes y que ha sido seriamente criticado por la comunidad internacional y organismos no gubernamentales, especialmente por la represión que ejerce la autoridad a los manifestantes.
La policía acordonó el vecindario de Mingalar Taung Nyunt, donde se encuentran la estación de tren de Ma Hlwa Kone y los alojamientos para trabajadores ferroviarios.
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Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran a agentes cortando calles y a personas presuntamente huyendo. Se reportaron al menos tres detenciones, aunque no fue posible verificarlo de forma independiente en un primer momento.
Varios grupos de empleados del país, incluyendo la Federación Sindical de Trabajadores Ferroviarios de Birmania, hicieron una llamada conjunta a una huelga nacional hace varios días.
El paro formaría parte de un esfuerzo mayor para conseguir “el cierre completo, extendido de la economía de Birmania”.
El país lleva sumido en protestas y otras formas de desobediencia civil desde el golpe de Estado del 1 de febrero que derrocó al gobierno electo de la líder Aung San Suu Kyi, justo cuando iba a comenzar su segundo mandato. El golpe desbarató años de lento progreso hacia la democracia en el país del sureste asiático, tras cinco años de régimen militar.
Decenas de muertos tras la represión
Las fuerzas de seguridad han respondido con detenciones masivas y en ocasiones con fuerza letal. Al menos 60 manifestantes han muerto desde el golpe de Estado, según el grupo independiente Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos.
Las autoridades también han intervenido para perseguir la cobertura independiente de noticias sobre la situación, lo que incluye detenciones de periodistas y cierres de medios.
Pese a las tácticas cada vez más violentas de las fuerzas de seguridad, hoy continuaron las protestas en ciudades y pueblos de todo el país, como Rangún, Mandalay, Monywa, Dawei y Myitkyina.
Los trabajadores ferroviarios estatales fueron de los más rápidos en organizarse para apoyar el movimiento de protesta e iniciaron una huelga poco después del golpe.
La policía intentó intimidar el mes pasado a los trabajadores en Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, recorriendo su zona residencial por la noche con gritos y disparos al aire.
La junta que controla ahora el país, que utiliza el nombre oficial de Consejo Estatal de Administración, reconoció de forma indirecta la eficacia de la huelga ferroviaria.
El periódico estatal Global New Light of Myanmar publicó ayer un reporte sobre una reunión de la junta en la que citó a funcionarios diciendo que el transporte en tren entre Rangún y Mandalay se restablecería “en un futuro cercano”.
También admitió que el sector bancario se ha visto afectado por el movimiento de protestas.
La redada en el barrio de trabajadores ferroviarios comenzó de madrugada tras otra noche de intimidación de la policía, que recorrió zonas residenciales en varias ciudades tras comenzar el toque de queda a las 20:00, haciendo disparos y lanzando granadas de aturdimiento, además de hacer allanamientos selectivos para hacer detenciones.
Muertes durante custodia policial
El martes había más reportes de manifestantes fallecidos bajo custodia policial tras ser detenidos. El último era un director de escuela fallecido por causas desconocidas tras ser detenido por las fuerzas de seguridad, según medios y un activista que lo conocía.
Un activista de la Liga Nacional para la Democracia, que lidera Suu Kyi, había muerto antes cuando estaba detenido. Su cuerpo tenía heridas coincidentes con torturas, según testigos citados por el grupo con sede en Nueva York Human Rights Watch.
Según la Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos, más de mil 930 personas han sido detenidas en relación con el golpe. Docenas de periodistas han sido detenidos, incluido Thein Zaw, de The Associated Press, que afronta cargos según una ley de orden público que puede acarrear penas de hasta tres años de prisión.
Las autoridades continuaron ayer su ataque a los medios con una redada en las oficinas de Kamayut Media y la detención de su cofundador y editor jefe. El Ejército también registró las oficinas de Mizzima, un servicio de noticias en internet. No hubo detenidos en ese cateo, aunque se destrozaron equipos y se confiscaron objetos.
El gobierno militar anunció el lunes la cancelación de las licencias de cinco medios locales: Mizzima, DVB, Khit Thit Media, Myanmar Now y 7Day News, los cuales habían hecho una amplia cobertura de las protestas.
OMZI