Un tribunal alemán dictaminó que el líder independentista catalán Carles Puigdemont puede ser extraditado a España, pero solamente por supuesta malversación y no por el cargo más grave de rebelión.
La "extradición por la acusación de malversación de fondos públicos es admisible; una extradición por la acusación de rebelión no es admisible", indicó la corte superior regional de Schleswig-Holstein.
Precisó que recae en el fiscal organizar la entrega a las autoridades españolas y que el ex presidente de Cataluña "Carles Puigdemont es libre" hasta entonces.
El tribunal indicó que no percibe inconvenientes o impedimentos a la extradición de Puigdemont, aunque no apunta fechas concretas ni un periodo en el que se deba llevar a cabo esta operación, un proceso que deberá ejecutar la fiscalía.
Tampoco admite el delito de perturbación del orden público, que planteó también la justicia española en el caso de que no se admitiera finalmente el delito de rebelión.
Además, decidió que Puigdemont no entre en prisión preventiva, desoyendo la petición de la fiscalía, ya que "siempre" ha cumplido con las obligaciones derivadas de su estado actual de libertad bajo fianza.
Detención dePuigdemont
Puigdemont fue detenido en Alemania después de que la justicia española emitiera una orden de arresto para investigarlo en España por los supuestos delitos de rebelión y malversación tras su papel en la deriva independentista de Cataluña, que llevó a un referéndum de autodeterminación en la región el 1 de octubre.
La extradición sólo por malversación, que según el código penal implica penas de cárcel entre dos y ocho años de prisión, supone que
Puigdemont no podría ser juzgado en España por el delito de rebelión,cuyas penas de cárcel llegan hasta los 30 años de prisión.
"La justicia alemana niega que el referéndum del 1 de octubre fuese rebelión", celebró Puigdemont en un tuit.
La decisión del tribunal alemán se produce poco después de que el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se reunió con el nuevo presidente catalán Quim Torra para distender las relaciones entre la administración catalana y la administración en Madrid.
Antes de esta reunión, el gobierno inició el traslado de los líderes independentistas catalanes, en prisión preventiva por supuesta rebelión, desde cárceles en los alrededores de Madrid a centros de internamiento en Cataluña.