La Corte Suprema de Estados Unidos puede resolver, como fallo final, desde hoy el caso de alto perfil que podría limitar de forma significativa o reafirmar la autoridad de la Casa Blanca sobre la política comercial, y resolver de manera concluyente si el presidente Donald Trump utilizó legalmente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa, por su sigla en inglés) para imponer aranceles a países como México, Canadá y China .
Los tribunales inferiores fallaron en contra de la administración republicana al concluir que la IEEPA no autoriza la imposición de aranceles y que Trump excedió los límites legales y constitucionales , pero la Corte Suprema aceptó revisar la impugnación de la Casa Blanca en septiembre pasado para resolver el litigio de manera definitiva.
En vísperas del fallo final, el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, anunció que si la Corte Suprema anula los aranceles impuestos bajo la Ieepa, la administración Trump planea comenzar a reemplazarlos casi de inmediato con otros impuestos .
"La realidad es que el presidente va a tener aranceles como parte de su política comercial de ahora en adelante", declaró en entrevista con The New York Times .
El caso contra Ieepa reúne impugnaciones presentadas por importadores y grupos empresariales contra los impuestos arancelarios en 2025.
El presidente Trump usó la Ieepa el año pasado para imponer aranceles sobre importaciones de países como China, México y Canadá, alegando preocupaciones de seguridad relacionadas con el tráfico de fentanilo y la migración
Trump anunció además sanciones económicas contra Colombia también bajo Ieepa, incluyendo aranceles de hasta 25 por ciento y bloqueos de transacciones financieras, como represalia por desacuerdos con el gobierno del presidente de izquierda, Gustavo Petro, sobre deportaciones, entre otras acciones tomadas por Washington contra diversos países.
Secretario del Tesoro defiende aranceles Ieepa:
Facultad del Congreso, no del presidente
Las demandas contra el uso de la Ieepa en un contexto comercial fueron encabezadas por V.O.S. Selections, Inc., un importador de vinos, y earning Resources, un fabricante de juguetes educativos, junto con otras empresas y asociaciones comerciales.
Los demandantes sostienen que los aranceles son impuestos y que la Constitución estadunidense otorga al Congreso, y no al presidente —es decir, Trump—, la autoridad exclusiva para imponerlos y regular el comercio exterior.
En mayo pasado, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dio la razón a los demandantes y dictaminó que la Ieepa no otorga una “autoridad arancelaria sin límites”. Determinó que, si bien la ley permite al presidente restringir o prohibir transacciones durante emergencias, imponer gravámenes a las importaciones va más allá de una regulación y equivale a una forma de tributación. La Corte de Apelaciones del Circuito Federal confirmó ese fallo.
Aunque las resoluciones contra la administración Trump invalidaron en la práctica los aranceles, su aplicación quedó suspendida mientras el gobierno apelaba ante la Corte Suprema, lo que permitió que los gravámenes continuaran en vigor, antes de dar un fallo final.
Ante los fallos en contra, el propio presidente Trump aseguró que “si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país. Nos debilitaría financieramente y tenemos que ser fuertes. Estados Unidos ya no tolerará enormes déficits comerciales ni aranceles injustos, ni barreras comerciales no arancelarias impuestas por otros países, amigos o enemigos, que perjudican a nuestros fabricantes, agricultores y a todos los demás”.
En noviembre pasado, durante los argumentos orales, los jueces se centraron en la interpretación de la ley y en la separación de poderes. Varios magistrados cuestionaron si el Congreso pretendía que la Ieepa otorgara al presidente la facultad de imponer aranceles sin una autorización explícita. Otros expresaron preocupación por las implicaciones más amplias de limitar el poder ejecutivo en situaciones de emergencia.
El gobierno federal argumentó que la amplia facultad de la Ieepa para “regular” o “prohibir” transacciones económicas internacionales incluye la capacidad de imponer aranceles cuando sea necesario para responder a emergencias nacionales.
En vísperas de la decisión final, que podría ocurrir en cualquier momento, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el domingo pasado que es "muy improbable" que la Corte Suprema falle contra el presidente.
"Creo que es muy improbable que la Corte Suprema anule la política económica emblemática de un presidente", declaró Bessent en el programa "Meet the Press" de la NBC. "No anularon Obamacare; creo que la Corte Suprema no quiere generar caos", sentenció.
La amenaza de la Ieepa
La Ieepa (International Emergency Economic Powers Act) otorga al presidente la autoridad para regular el comercio internacional, confiscar bienes, y tomar medidas económicas cuando se declara una emergencia nacional que represente una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior, o la economía del país
Durante su primer mandato, Trump utilizó la Ieepa para amenazar a México con la imposición de una franja arancelaria del 5 al 25 por ciento si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tomaba acciones para contener el flujo de migrantes indocumentados procedentes de su frontera sur.
Al final no se aplicaron luego que México aceptó albergar migrantes bajo el programa “Quédate en México”.
Pero Trump, ya en su segundo mandato, la revivió para imponer el arancel “fentanilo” de 25 por ciento a México y Canadá.
Debido a que la Ieepa otorga un amplio poder al presidente, ha generado críticas sobre el riesgo de abuso o la falta de supervisión del Congreso. Sin embargo, sigue siendo utilizada como una herramienta clave para proteger los intereses de Estados Unidos en el ámbito global . Ahora su uso para fines comerciales está bajo la lupa de la Corte Suprema.
SNGZ