El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de Argentina declaró como "sitios sagrados" los lugares de sepultura de varios indígenas asesinados, en el marco del primer acto de reparación por la denominada "masacre de Napalpí", como se conoce a la matanza de aborígenes perpetrada en 1924 por fuerzas de seguridad y civiles en el norte del país, informaron fuentes oficiales.
La resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial, justificó esta medida como una "forma de reparación simbólica" hacia las comunidades qom, moqoit y wichí, puesto que el Estado tiene la obligación de "garantizar a los pueblos originarios el respeto a su identidad y su pleno desarrollo".
En ese sentido, el gobierno argentino declaró como "sitio sagrado" a los enterratorios de los pueblos qom y wichí situados en cementerios comunitarios de la localidad de Miraflores, en la provincia norteña de Chaco.
La resolución también nombró "sitio sagrado" a las tumbas de nueve ancestros de las comunidades qom y moqoit que se encuentran en el Memorial de Napalpí, también en la provincia de Chaco, los cuales fueron restituidos en 2018 y depositados en dicho memorial el 19 de julio del 2020, con motivo del 96º aniversario de la masacre.
"Dichas declaraciones de sitios sagrados se realizan con el fin de delimitar y proteger el espacio territorial común que constituye el sustrato clave de la construcción identitaria y de la reproducción de las relaciones sociales comunitarias, de aquellas comunidades indígenas que habitan la zona en cuestión y hacen uso del territorio", detalló la resolución.
Crimen de lesa humanidad
El 19 de julio de 1924, cerca de un centenar de policías, gendarmes y colonos fusilaron a miembros de esas comunidades que se encontraban protestando por mejores condiciones laborales y de vida.
El pasado 19 de mayo, un tribunal del norte argentino determinó que esta masacre constituyó un crimen de lesa humanidad, en el marco de un "juicio por la verdad" que se llevó adelante sin imputados, ya que los responsables han fallecido.
En su sentencia, la jueza federal Zunilda Niremperger reconoció la responsabilidad del Estado en la matanza y ordenó una serie de medidas de reparación para las comunidades qom y moqoit.
El proceso, en el que declararon supervivientes y descendientes de las víctimas, contó con el aporte de pruebas por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina surgidas de una investigación especial, en donde se describe la negación y el encubrimiento de la masacre por parte de las autoridades, que silenciaron los hechos por décadas.
En el juicio se declararon como probados los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre de entre 400 y 500 miembros de esas comunidades.
RM