El presidente argentino, Alberto Fernández, desobedeció una orden de la Suprema Corte para restituir los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires que fueron recortados en 2020; tras negarse, opositores lo denunciaron por sedición y traición a la patria.
La controversia tiene su origen en 2020, cuando el gobierno de Fernández recortó los fondos que debe girar a la capital.
Los conceptos de los fondos fueron la distribución de los impuestos que el Fisco recauda y que deben ser repartidos entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
Posterior a la decisión de Fernández, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, uno los principales opositores, acudió a la Corte Suprema, que el pasado miércoles, dictó una medida cautelar.
La Corte Suprema dictó al presidente
restituir a la Ciudad de Buenos Aires 180 mil millones de pesos, alrededor de 997 millones de dólares, adicionales a los que ya percibe.Sin embargo, el presidente Alberto Fernández se negó a acatar la medida.
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Denuncias por "sedición" y "traición a la patria"
Tras negarse, el presidente argentino, Alberto Fernández, fue denunciado por los delitos de “sedición” y “traición a la patria”.
Patricia Bullrich, una de las posibles candidatas a la presidencia en 2023, anunció la denuncia desde su cuenta oficial de Twitter.
“Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional ¡Tienen que ir presos!”, escribió Patricia Bullrich en su cuenta de Twitter.
Bullrich también llamó a encarcelar a los diputados nacionales Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet por los delitos de sedición y traición a la patria.
Bullrich líder de Propuesta Republicana (PRO), principal facción opositora, incluyó el documento que presentó ante la Justicia argentina demandando al jefe de Estado y a otros 18 gobernadores provinciales del país que apoyaron la decisión de Fernández.
“Las personas denunciadas incurrieron en una usurpación de funciones que implica un grave atentado contra el orden democrático, lo que, conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional, implica la nulidad de sus actos”, remarcó la denuncia.
aag