La Asamblea Nacional de Ecuador retomó este miércoles el juicio político contra el ex presidente, Guillermo Lasso tras quedar interrumpido en mayo pasado.
Esto a raíz de que en ese entonces el mandatario disolvió el Legislativo, de mayoría opositora, en el momento que se aproximaba a poner a voto su destitución.
Tras haberse reinstalado la Asamblea luego de las elecciones generales extraordinarias derivada de la Muerte Cruzada aplicada por Lasso, el pleno de la cámara reanudó el proceso pese a que el presidente ya no está en el cargo, puesto que optó por no presentarse a la reelección.
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Los asambleístas continuaron el debate, ahora centrado sobre si el ex mandatario debe ser censurado cuando ya no está en funciones, bajo la misma acusación de malversación en contratos firmados por la flota petrolera estatal.
La sesión fue suspendida luego de cerca de tres horas en la que intervinieron 16 parlamentarios, y será reanudada el jueves por la mañana con más participaciones de asambleístas que pidieron el turno de palabra.
La Revolución Ciudadana, el movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa y el conservador Partido Social Cristiano (PSC), principales instigadores del juicio político sostuvieron la necesidad de censurar a Lasso para inhabilitarlo de ejercer cargos públicos durante un plazo de tiempo.
Los argumentos se centraron en muchos casos en la situación generalizada que vive el país en términos de inseguridad y economía, sin tratar la denuncia de peculado en la que se basó este juicio.
Apoyo al archivo del juicio político
En esta nueva Asamblea no está presente ningún representante de CREO, el partido que llevó a Lasso al poder en 2021, por lo que fueron pocas las voces que manifestaron su preferencia por archivar el juicio político.
Uno de ellos fue el asambleísta Otto Vera, quien consideró que Lasso debería de pagar sus culpas y llamó a dejar en manos de la Justicia su destino.
"Censurar a Lasso sería premiarlo, cuando lo que se busca es que pague por sus culpas", expresó.
Otro fue Pedro Velasco, de la alianza centrista Actuemos, quien planteó que ignorar la ley no quiere decir que estamos exentos de la responsabilidad que esta conlleva.
"La ignorancia de la ley no nos exime de responsabilidad, no podemos apartarnos de la ley", concluyó Velasco al considerar que sería irregular proseguir con el juicio político.
La semana pasada, antes de ceder el mando presidencial a su sucesor, Daniel Noboa, Lasso se reafirmó en su decisión de haber disuelto la Asamblea Nacional.
Por otra parte, Lasso al presentar un libro sobre sus dos años y medio de mandato, titulado “900 días: democracia y resultados” menciono que la población lo apoyo cuando disolvió la Asamblea Nacional.
"Disolver la Asamblea Nacional fue una decisión política acertada que recibió el respaldo de más del 70 % de la población. Esta decisión sostuvo la democracia ecuatoriana, porque detuvo a un proyecto político que se propuso la desestabilización del Gobierno hasta lograr la destitución del presidente de la República y recuperar el poder para ellos y sus aliados", aseguró.
Ya sin la posibilidad de ser destituido, los promotores del juicio pueden lograr la inhabilitación del ex mandatario para ejercer cargos públicos, como hicieron con algunos de sus ex ministros, entre ellos el ex titular de Interior Patricio Carrillo, que hasta el momento no puede ejercer de asambleísta tras haber sido electo para ese cargo.
IDM