Al menos cinco policías ecuatorianos murieron el martes en una serie de atentados contra la fuerza en Guayaquil y Esmeraldas en reacción a un plan para reorganizar las cárceles del país, lo que llevó al presidente Guillermo Lasso a declarar un estado de excepción en dos provincias.
Lasso ha culpado repetidamente de la violencia, incluso dentro de las prisiones, a las represalias de las bandas de narcotraficantes por los esfuerzos de su gobierno para combatirlas.
Ecuador es utilizado como punto de tránsito de drogas con destino a Estados Unidos y Europa.
Los ataques durante la madrugada del martes fueron una declaración abierta de guerra por parte de las bandas, en medio de una intervención de la fuerza pública a una de las cárceles del país, dijo Lasso, en una intervención televisada.
"Lo sucedido entre la noche de ayer y hoy en Guayaquil y Esmeraldas muestra claramente los límites que la delincuencia organizada transnacional a la que estamos combatiendo está dispuesta a traspasar", sostuvo. "Estamos tomando acciones que los tiene preocupados, por eso la reacción violenta".
Declaró estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas, donde la fuerza pública intensificará operativos y entrará en vigor un toque de queda a partir de las 21:00 hora local (02:00 GMT).
Lasso, quien canceló un viaje personal a Estados Unidos por los ataques, ha utilizado repetidamente declaraciones de emergencia para tratar de enfrentar la violencia.
Seis explosiones se registraron en la madrugada de este martes en varias zonas de Guayaquil, dijo la policía a periodistas, mientras que dos policías murieron en un ataque a una patrulla en la periferia.
Otros tres oficiales fueron asesinados en la ciudad y sus alrededores más tarde el martes, informó el gobierno.
Se reportaron tres explosiones en Esmeraldas y siete agentes penitenciarios fueron tomados como rehenes por reclusos en protesta por los traslados.
Los agentes fueron liberados luego de negociaciones, dijo la agencia penitenciaria SNAI.
El sistema penitenciario de Ecuador ha enfrentado problemas estructurales durante décadas, pero la violencia carcelaria se ha disparado desde finales de 2020, matando al menos a 400 personas.
SNAI informó que habían trasladado a 515 presos desde la Penitenciaría a otros reclusorios en el país. La entidad agregó que las medidas buscan reducir el hacinamiento y garantizar la seguridad de la población carcelaria.
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