China rechazó el lunes los "ataques difamatorios" sobre las condiciones de los musulmanes uigures y otras minorías que viven en la región de Xinjiang, insistiendo en que gozan de libertad de religión y derechos laborales.
Activistas y expertos en derechos humanos de la ONU han dicho que al menos un millón de musulmanes están detenidos en campamentos en la remota región occidental. China niega los supuestos abusos y dice que sus campamentos ofrecen formación profesional y son necesarios para luchar contra el extremismo.
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El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que estaba tomando medidas contra el terrorismo de acuerdo con la ley y que Xinjiang disfrutaba de "estabilidad social y desarrollo sólido" después de cuatro años sin ningún "caso terrorista".
Hay 24 mil mezquitas en Xinjiang, donde personas de todos los grupos étnicos también gozan de derechos laborales, dijo.
"Estos hechos básicos muestran que nunca ha habido el llamado genocidio, trabajo forzoso u opresión religiosa en Xinjiang", dijo Wang.
"Tales acusaciones incendiarias se montan por ignorancia y prejuicio, son simplemente exageraciones maliciosas y políticamente impulsadas y no podrían estar más lejos de la verdad".
El mes pasado, la administración Biden respaldó una determinación de último minuto de la administración Trump de que China había cometido un genocidio en Xinjiang.
Anteriormente, el secretario de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, denunció tortura, trabajo forzoso y esterilizaciones que, según dijo, estaban teniendo lugar contra los uigures a "escala industrial" en Xinjiang. "La situación en Xinjiang es increíble", dijo.
Wang invitó a la ONU a revisar la situación, pero no dio un cronograma.
"La puerta a Xinjiang está siempre abierta. Las personas de muchos países que han visitado Xinjiang han aprendido los hechos y la verdad en terreno.
China también da la bienvenida al Alto Comisionado para los Derechos Humanos a visitar Xinjiang", dijo, refiriéndose a la jefe de derechos de la ONU, Michelle Bachelet, cuya oficina ha estado negociando condiciones de acceso al país
KACY