La Corte Penal Internacional (CPI) dio luz verde a la investigación de la guerra contra las drogas del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por supuestos crímenes de lesa humanidad. Una sala de cuestiones preliminares del organismo compuesta por tres jueces, concluyó que “existe una base razonable” para la apertura de la investigación solicitada por la Fiscalía el pasado 14 de junio.
Tras el anuncio, el presidente filipino Rodrigo Duterte no cooperará con la Corte Penal Internacional en la investigación sobre la guerra contra el narcotráfico desplegada durante su mandato, dijo su abogado el jueves.
"La CPI no tiene jurisdicción en nuestro país (...) El gobierno no permitirá a ningún miembro de la CPI recabar información y evidencia en Filipinas. Se les prohibirá la entrada", dijo el asesor legal del presidente, Salvador Panelo, a la radio local DZBB.
Según los magistrados, hay indicios de que en Filipinas se han cometido crímenes de lesa humanidad y que “los posibles casos derivados de dicha investigación parecen ser competencia de la corte”.
En la decisión escrita de los jueces, de 41 páginas, se describen redadas policiales con numerosas víctimas mortales que formarían parte de “una política de Estado”, pues “hay un vínculo claro entre los asesinatos y la campaña contra las drogas del gobierno”.
El tribunal hizo referencia a una circular de la Policía Nacional de Filipinas emitida el 1 de julio, el primer día de la presidencia de Duterte, en la que se mencionaba la intención de “neutralizar” a los sospechosos de las redadas antidrogas.
La Fiscalía asegura que la palabra “neutralizar” es un eufemismo de “asesinar” y que cuenta con registros de miembros de la policía que afirman que “al matar a personas durante supuestas operaciones antidrogas, seguían las instrucciones del gobierno”.
La jurisdicción del tribunal con sede en La Haya se limitará a incidentes ocurridos hasta el 16 de marzo de 2019, fecha en la que entró en vigor la retirada de Filipinas de la CPI, anunciada por el presidente Duterte cuando la Fiscalía abrió un examen preliminar en 2018.
A pesar de la decisión de la CPI, es poco probable que los investigadores del tribunal internacional vayan a poder acceder a Filipinas a corto plazo para recopilar pruebas, pues el gobierno de Duterte se ha mostrado desafiante ante la perspectiva de la investigación.
“Si hay asesinatos, digo que soy yo. Puedes responsabilizarme de cualquier muerte de la guerra contra las drogas”, manifestó Duterte en octubre del año pasado durante un discurso televisado.
dmr