Un hombre malasio con discapacidad mental fue ejecutado bajo la horca el miércoles de madrugada en Singapur, indicó su hermana, tras una larga batalla legal y a pesar de los numerosos llamados internacionales en contra de la sentencia.
Nagaenthran K. Dharmalingam fue detenido en 2009 cuando tenía 21 años por llevar 43 gramos de heroína al entrar a Singapur, que tiene una de las leyes antidrogas más severas del mundo. Un año después fue sentenciado a muerte.
El plan de ejecutarlo había generado una ola de condena internacional, desde Naciones Unidas a la Unión Europea o el magnate británico Richard Branson, del grupo Virgin. Pero una década de batallas legales terminaron en saco roto por los rechazos de los tribunales de Singapur a sus recursos y la negativa presidencial a mostrar clemencia con el reo.
"Es increíble que Singapur procediera con la ejecución a pesar de las llamadas internacionales a perdonarle la vida", dijo su hermana Sarmila Dharmalingam desde Malasia, donde será repatriado el cuerpo. "Estamos extremadamente entristecidos por la ejecución de nuestro hermano y la familia está en un estado de conmoción", añadió.
Cientos de personas participaron en dos inusuales manifestaciones en Singapur contra la ejecución. También hubo vigilias y protestas en Malasia, donde el rey y el primer ministro se sumaron a los pedidos de clemencia para el reo. Reprieve, una ONG que hace campaña contra la pena de muerte, aseguró que Nagaenthran fue "víctima de un trágico error judicial".
"Ahorcar a un hombre intelectualmente discapacitado, que no está bien mentalmente (...) es injustificable y una violación flagrante del derecho internacional", dijo su directora Maya Foa.
La ejecución había sido aplazada en noviembre por un último recurso que argumentaba que la ejecución de una persona con discapacidad mental contravenía el derecho internacional. Su defensa aseguró que tenía un coeficiente intelectual de 69, un nivel reconocido como discapacidad, y que fue empujado a cometer el crimen. Pero las autoridades rebatieron que el hombre era consciente de sus acciones.
Su madre lanzó un recurso desesperado de último momento el martes, pero fue rápidamente rechazado por un juez. En una entrevista, Richard Branson exhortó a la presidenta de Singapur, Halimah Yacob, a acordar clemencia a Nagaenthran, calificando la pena de muerte de "inhumana".
Después de dos años de pausa, Singapur ahorcó el mes pasado a un narcotraficante y grupos de activistas temen ahora una ola de ejecuciones de otros reos en el corredor de la muerte.
Al menos 300 personas se concentraron el lunes en el parque Hong Lim de Singapur —el único lugar donde el gobierno permite la convocatoria de protestas— para pedir la suspensión de la ejecución de Nagen y de otro preso malasio, Datchinamurthy Kataiah, también condenado a muerte por narcotráfico y quien en principio será ahorcado el viernes.
El lunes, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió al gobierno de Singapur a detener las ejecuciones de ambos, mientras la delegación de la Unión Europea (EU) en la ciudad-Estado asiática había pedido con anterioridad que se revisara la sentencia de Nagen.
Las fuertes condenas en Asia por poseer drogas
Este territorio, con una baja tasa de criminalidad, se resiste a abolir la pena de muerte asegurando que este castigo le ha permitido convertirse en uno de los lugares más seguros de Asia, y pone en relieve la dureza con que muchos países en el Sudeste Asiático castigan los delitos de drogas.
Los delitos por narcotráfico están castigados con la pena capital, en la horca, fusilamiento, por inyección letal, en Singapur, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam, mientras que Filipinas, Camboya y Birmania la han abolido o no la aplican.
En Singapur, la pena capital se aplica a los delitos de narcotráfico como la posesión de más de 15 gramos de diamorfina (heroína pura), 30 gramos de cocaína, 500 gramos de cannabis y 250 gramos de metanfetamina. Hay excepciones, como el caso de personas con discapacidad, pero los tribunales desestimaron esta atenuante en el caso del acusado malasio.
Tras dos años de parón, Singapur ha ejecutado a tres personas condenadas por narcotráfico desde el último marzo y está previsto que aplique la pena capital a otro reo sentenciado también por tráfico de drogas el viernes. Según los medios locales, hay unas 50 personas en el corredor de la muerte en la ciudad-Estado.
Indonesia castiga el tráfico de drogas con penas que incluyen entre 5 y 20 años de cárcel, la cadena perpetua o la pena de muerte por fusilamiento, con cantidades a partir de los 5 gramos de cocaína, heroína y metanfetamina, entre otras sustancias.
Según un informe de 2021 de la Red Contra la Pena de Muerte en Asia (ADPAN), hasta el año pasado había unas 350 personas en el corredor de la muerte en el archipiélago indonesio, con un 60 por ciento de ellas condenadas por narcotráfico.
Durante la pandemia, los tribunales indonesios han sentenciado a muerte a muchos presos a través de Zoom y otros sistemas de videoconferencias, lo que ha sido criticado por algunas organizaciones de derechos humanos.
En 2015, un reo brasileño acusado de narcotráfico fue ejecutado en una prisión indonesia, a pesar de las reiteradas peticiones de clemencia por parte de Brasilia.
En Tailandia, el 80 por ciento de los presos están condenados debido a delitos de drogas, incluida la posesión de metanfetaminas, mientras que el tráfico de estupefacientes está castigado con penas de hasta 15 años de prisión o la pena de muerte.
Según datos del Departamento de Prisiones tailandés, hay 194 personas condenadas a muerte en el país, de las que un 64 por ciento están relacionadas con el narcotráfico.
Malasia aplica una moratoria a las ejecuciones en 2018, aunque la pena de muerte sigue vigente legalmente para delitos como el tráfico de drogas y el asesinato. Hasta septiembre de 2021, había mil 366 personas en el corredor de la muerte en el país, de los que 927 fueron condenados por narcotráfico, mientras que 529 eran extranjeros, de acuerdo con datos de la ADPAN.
Los tres hermanos mexicanos González Villarreal, originarios de Sinaloa, fueron indultados y extraditados a México en 2019 tras pasar 7 años en el corredor de la muerte en Malasia por narcotráfico.
Vietnam, que aplica la pena de muerte a condenados por tráfico de estupefacientes, asesinato y delitos contra la seguridad nacional, ejecutaba a los reos ante el pelotón de fusilamiento hasta 2011, cuando adoptó la inyección letal.
Unas mil 200 personas se encuentran sentenciadas a muerte en Vietnam, con la última ejecución producida en 2018, indicó la ADPAN, que precisó que existe mucha opacidad en torno a este tipo de información en el país comunista.
En otros países de la región, Birmania y Laos están considerados abolicionistas de hecho de la pena capital, ya que no ejecutan a nadie desde hace décadas, mientras que Camboya y Filipinas son los únicos que la han abolido oficialmente.
No obstante, el gobierno filipino de Rodrigo Duterte emprendió una guerra contra las drogas en 2016 que ha dejado más de 9 mil muertos y una investigación en la Corte Penal Internacional, según datos oficiales, aunque algunas ONG hablan de hasta 27 mil fallecidos, algunos de ellos en supuestas ejecuciones extrajudiciales.
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