Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se acogió a su derecho a no declarar en su segunda cita ante el juez que le investiga por presunto tráfico de influencias, en una causa donde su defensa no ve "garantías" suficientes y considera vacía de contenido.
Gómez volvió a acudir este viernes al juzgado, a donde, de nuevo, accedió en coche por el garaje por motivos de seguridad, en medio de un fuerte dispositivo policial y la misma expectación mediática que hace justo dos semanas, cuando compareció por primera vez por una denuncia presentada por un sindicato ultraderechista.
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Su comparecencia duró apenas diez minutos, tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez, decisión adoptada por recomendación de su defensa, "no porque tenga nada que esconder" o "no quiera dar explicaciones", sino porque la "declaración del investigado tiene que hacerse con garantías", anunció su abogado, Antonio Camacho, ante los medios.
Esto fue lo que dijo ante los medios el abogado de Gómez
La esposa de Sánchez, lider de los socialistas españoles, es la única investigada en un caso abierto en un tribunal de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia presentada por el autodenomnado sindicato Manos Limpias, vinculado a la ultraderecha, al que luego se unieron otras acusaciones del mismo entorno.
El juez abrió una causa para investigar si utilizó su condición como mujer de presidente del Gobierno para favorecer la concesión de contratos al empresario Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra que ella dirigía en la universidad Complutense de Madrid, pero en el proceso, el magistrado amplió la investigación a su papel en ese máster.
Muy crítico con la decisión de no declarar, el partido ultraderechista Vox -que dirige las acusaciones populares- anunció su "firme voluntad" de pedir al juez que cite como testigo a Sánchez para aclarar las reuniones mantenidas entre su mujer y empresarios como Juan Carlos Barrabés en el palacio de la Moncloa, residencia oficial del presidente y sede del Gobierno.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lo consideró "absurdo", ridículo" y "cruel" y ve en esta petición una "persecución política", mientras que desde el conservador Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, advirtieron de que "no dar explicaciones alienta las sospechas".
La anterior comparecencia de Gómez, el pasado 5 de julio, fue aplazada al alegar la investigada que desconocía la última querella que se presentó contra ella.
Su negativa a declarar hoy, según su abogado, se basa en la falta de garantías de una "investigación expansiva" y "sin contenido", en la que algunos hechos denunciados por las acusaciones populares exceden el objeto de la causa, como expresó en un reciente escrito.
Entre ellos figura su papel al frente de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid y la presunta apropiación de un software para la misma, un asunto que está en el foco de las acusaciones populares.
La cátedra, que Begoña Gómez solicitó renovar, junto a otros cargos, el pasado 2 de julio, según un documento de la universidad al que tuvo acceso EFE, ha centrado el interrogatorio hoy como testigos del vicerrector de Relaciones Institucionales del centro, José María Coello, y de su predecesor, Juan Carlos Doadrio.
Este último, según explicó el abogado de Gómez en declaraciones a EFE, "no ha puesto de manifiesto" ninguna irregularidad en la creación de la cátedra que codirigió Begoña Gómez y rechazó que tuviese problemas en participar en la constitución de la misma, pese a ser "miembro activo" del PP.
Ambos explicaron cómo funcionaba la cátedra a través de comisiones mixtas que se celebraban una vez al año, de quién dependía y cuál era su organización en sus respectivos periodos en la universidad.
El caso de Begoña Gómez ha trascendido el ámbito judicial y se ha convertido en España en un arma política utilizada por la oposición conservadora y la ultraderecha contra los socialistas.
Begoña acude por segunda vez a los juzgados
Fue la segunda vez que la mujer del presidente del Gobierno acudió a los juzgados de Plaza Castilla, después de que el 5 de julio se suspendiera su declaración al alegar que no conocía la querella que presentó la Hazte Oír. El magistrado tomó esta decisión con el fin de no causar “indefensión” en la investigada.
La defensa de Begoña Gómez, encabezada por el exministro de Justicia, Antonio Camacho, justificó la decisión de que su clienta no declarara al creer que se encuentra en una situación de “clara indefensión” ante el juez Peinado, que tiene una hija concejala en el Ayuntamiento madrileño de Pozuelo, gobernado por el conservador Partido Popular y que forma parte de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, uno de los principales adversarios políticos de Pedro Sánchez.
El magistrado investiga la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra que ella dirigía en la Universidad Complutense de Madrid; los vínculos de la esposa del presidente con dicha casa de estudios; y su conexión con Javier Hidalgo, quien fuera consejero delegado de Globalia, grupo propietario de Air Europa, compañía rescatada en el 2020 por el Gobierno, y que según algunas acusaciones populares Gómez habría intervenido.
Hidalgo se ha cansado de repetir lo contrario, exculpando así a Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid dejó fuera los hechos relativos al rescate de Air Europa.
Por otro lado, la Fiscalía Europea asumió la investigación de Barrabés después de que presuntamente sus empresas recibieron dinero público, procedentes de los fondos que otorga la Unión Europea a España.
Una causa sin sustento: la defensa
De tal suerte que solo queda por indagar en los contratos adjudicados a Barrabés. Sin embargo, dichas adjudicaciones fueron remitidas por el juez Peinado a la Fiscalía europea por ser la competente en investigarlo. Por tanto, la causa quedaría vacía y debería ser archivada, según la defensa y el Ministerio Público.
Además, la defensa de Gómez afianza la inocencia de la esposa del presidente con dos informes de la Guardia Civil que no han detectado ningún tipo de ilegalidad en su labor profesional, así como un tercero de la Universidad Complutense de Madrid) que señala que no ha podido alcanzar ninguna “conclusión definitiva” sobre supuestas irregularidades a pesar de los “indicios”.
En su comparecencia ante el juez, Barrabés supuestamente declaró que se reunió en dos ocasiones con Gómez y Sánchez en la casa presidencial de La Moncloa, según las acusaciones populares, aunque otras fuentes lo desmintieron.
De acuerdo a estas últimas, Barrabés afirmó que se reunió con Sánchez en una ronda de contactos sobre innovación con otros empresarios en la que no estaba presente Begoña Gómez. Además, añadieron, en otra ocasión, participó en otro encuentro con más personas en el que sí estaba Gómez y que Sánchez se pasó un momento para saludar.
No obstante, el foco de las acusaciones está ahora en la legalidad de la contratación y el trabajo que hizo Gómez en la Complutense, que remitió un informe al magistrado con la investigación interna que abrió para comprobar si hubo una “apropiación indebida” del software de la cátedra que codirigía la esposa del presidente.
Sin embargo, el documento que la Universidad envió al magistrado no concluye la existencia de ninguna irregularidad.
“Las actividades de investigación realizadas no permiten a esta universidad alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia o no de perjuicio sobre su patrimonio”, indica dicho informe, que pide al juez que le ponga en conocimiento si encuentra algo contra Gómez para personarse como acusación. La Complutense ya trató de sumarse a la causa, pero el magistrado se lo negó señalar “no constar el perjuicio que pudiera haber sufrido” la casa de estudios.
DLGE