Tras la sangrienta represión de ayer en Birmania, en la que murieron al menos 107 personas, entre ellas varios menores de edad, a manos de las fuerzas de seguridad que abrieron fuego contra los manifestantes, los jefes militares de una docena de países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Alemania, condenaron el uso letal de la fuerza contra manifestantes desarmados.
Birmania está sumida en el caos desde el golpe militar que depuso al gobierno civil de Aung San Suu Kyi generando protestas masivas en todo el país en favor de la democracia.
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La junta gobernante realizó el sábado una demostración de fuerza con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, mientras el balance de muertos desde el golpe militar del 1 de febrero se eleva a 423, según una ONG local.
"Un militar profesional sigue estándares internacionales de conducta y es responsable de proteger --no de dañar- a las personas a las que sirve", aseguran en un comunicado conjunto, antes de "urgir" a las fuerzas armadas birmanas a que "cesen la violencia y trabajen para restaurar su respeto y credibilidad de cara a la población de Birmania".
El domingo se celebraron funerales de algunas de las víctimas tras el día más sangriento desde el golpe.
En Mandalay, la familia de Aye Ko, un padre de cuatro hijos asesinado durante la noche, celebró un servicio religioso.
"Estoy muy triste de perder a mi marido, junto con mis hijos, tengo el corazón roto", declaró a la AFP su esposa Ma Khaing.
Los familiares de un niño de 13 años, Sai Waiyan, tiroteado el sábado cuando jugaba frente a su casa en Rangún, lloraron sobre su féretro el domingo, informaron medios locales.
Pese a represión, persisten protestas
A pesar del riesgo, los manifestantes volvieron a salir a la calle el domingo en algunas zonas de Rangún, incluida Hlaing, y en las ciudades de Dawei, Bago, Myingyan y Monywa.
"Una chica recibió un disparo en la cabeza y murió en el hospital, mientras que dos chicos murieron de un disparo en el acto", dijo a la AFP un socorrista de Monywa.
En Myingyan, una mujer murió y otras dos resultaron heridas, dijo un médico.
En Hlaing, un chico de 16 años perdió una mano en una explosión, al intentar devolver una granada que las fuerzas de seguridad habían lanzado contra los manifestantes, dijo un socorrista.
"Acciones vergonzosas y cobardes"
El sábado los militares reprimieron brutalmente a los manifestantes en más de 40 puntos del país. Las regiones de Mandalay y Rangún registraron la mayoría de muertes, según la oenegé Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP).
Naciones Unidas cifró el número de muertos del sábado en 107 personas --entre ellas siete niños-- pero afirma que la cifra podría aumentar.
"Las acciones vergonzosas, cobardes y brutales de los militares y la policía --que fueron filmados disparando a los manifestantes mientras huían, y que ni siquiera perdonaron a los niños pequeños-- deben detenerse inmediatamente", dijeron dos altas responsables de Naciones Unidas, Alice Wairimu Nderitu y Michelle Bachelet, en una declaración conjunta.
Por su parte los rebeldes del estado de Karen, en el este de Birmania, dijeron haber sido blanco de ataques aéreos a última hora del sábado, poco después de que este grupo étnico armado tomara una base militar.
Hsa Moo, de etnia karen y activista de derechos humanos, dijo que tres personas perdieron la vida y al menos ocho resultaron heridas.
Se trata del primer ataque aéreo de este tipo desde que el ejército controla el poder, e iba dirigido contra la V Brigada de la Unión Nacional de Karen (KNU), uno de los mayores grupos armados del país, que asegura que representa a esta etnia.
El domingo nuevos ataques aéreos hicieron que 2 mil personas de dos aldeas del estado de Karen huyeran a través de la selva y cruzaran la frontera con Tailandia, dijo Hsa Moo a la AFP.
El sábado hubo un gran desfile de tropas y vehículos militares en la capital, Naipyidó, donde el líder de la junta, el general Min Aung Hlaing, defendió el golpe y prometió ceder el poder tras las nuevas elecciones.
Sin embargo lanzó una amenaza al movimiento antigolpista, advirtiendo que eran inaceptables los actos de "terrorismo que puedan ser perjudiciales para la tranquilidad y la seguridad del Estado".