Una jueza federal bloqueó temporalmente todo desembolso del fondo creado por el gobierno del presidente Donald Trump para compensar a supuestas víctimas de politización de la justicia.
La jueza de distrito Leonie Brinkema, en Alexandria, Virginia, programó una audiencia para el 12 de junio a fin de escuchar argumentos sobre si debe extender su orden que prohíbe al gobierno avanzar con su “Fondo Antipolitización” mientras esté pendiente el litigio. El gobierno creó el fondo para resolver la demanda del presidente Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones fiscales.
"Fondo cuenta con respaldo legal"
El Departamento de Justicia, según un vocero, está “extremadamente confiado” en que el fondo cuenta con respaldo legal “por amplio precedente”, incluso de acuerdos durante el gobierno del presidente demócrata Barack Obama.
“No permitiremos que las opiniones políticas de jueces interfieran con nuestros esfuerzos por proporcionar restitución a las víctimas de la politización”, declaró el vocero en un comunicado.
La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre el fallo de la jueza y remitió las preguntas al Departamento de Justicia.
La jueza, nominada para el cargo por el presidente demócrata Bill Clinton, dio al gobierno una semana más para responder por escrito a los argumentos de los demandantes a favor de congelar la creación y operación del fondo, incluidos cualquier pago hacia o desde él.
El fondo ha provocado una fuerte reacción desde que se anunció la semana pasada, e incluso republicanos presionaron al secretario de Justicia interino Todd Blanche por las consideraciones de elegibilidad y la posibilidad de que incluso los participantes en el asalto al Capitolio pudieran solicitar una compensación.
No se han desembolsado fondos
El Departamento de Justicia no ha formado la comisión de cinco miembros que decidirá los criterios de pago, por lo que aún no se ha desembolsado dinero ni se han aceptado reclamaciones.
Los abogados de los demandantes, del grupo de defensa legal Democracy Forward, buscan una orden judicial que detenga la implementación del fondo y evite que el gobierno de Trump desembolse cualquier pago. La demanda federal sostiene que no existe base legal ni mecanismos de rendición de cuentas que sustenten el fondo.
“El presidente Trump y sus aliados han acusado durante mucho tiempo a los demócratas de politizar al gobierno y al sistema legal”, escribieron los abogados de los demandantes, "sin reconocer la campaña sin precedentes de atacar a individuos y entidades como represalia por motivos personales e ideológicos que este gobierno ha llevado a cabo”.
Brinkema dijo que es importante mantener el statu quo —al menos durante las próximas dos semanas— y garantizar que no se desembolsen fondos de manera “irreversible”. Su orden prohíbe temporalmente que el gobierno de Trump transfiera dinero al fondo, considere cualquier reclamación o desembolse cualquier dinero de él.
Los demandantes en la demanda de Virginia incluyen a un fiscal despedido y a un profesor universitario absuelto de agredir a agentes federales en una protesta.
“La ilegalidad que ha impregnado el Fondo Antipolitización desde su inicio requiere que sea desmantelado por completo”, dice la demanda.
Al menos otras dos demandas, ambas presentadas por separado en Washington, también impugnan la creación del fondo. Una demanda presentada por Citizens for Responsibility and Ethics in Washington se refiere al fondo como “un acto asombroso de corrupción presidencial”. Dos agentes de policía que ayudaron a defender el Capitolio de una turba de simpatizantes de Trump demandaron la semana pasada.
Durante una audiencia en el Congreso, Blanche no descartó la posibilidad de pagarle a los asaltantes del Capitolio.
Demandantes y sus casos
Casi mil 600 personas fueron acusadas de delitos federales relacionados con el asalto al Capitolio. Más de mil 200 fueron condenadas y sentenciadas antes de que Trump otorgara indultos masivos, conmutara penas de prisión y ordenara la desestimación de todos los casos penales pendientes.
Uno de los demandantes en el caso de Virginia es el exfiscal federal adjunto Andrew Floyd, quien procesó casos del asalto al Capitolio en Washington antes de ser despedido el año pasado por la entonces secretaria de Justicia Pam Bondi. Floyd cree que su despido fue una represalia por su trabajo del 6 de enero.
“El señalamiento del presidente hacia mí y otros involucrados en los enjuiciamientos del 6 de enero deja a nuestro país en un lugar muy oscuro, enviando el mensaje de que la insurrección y la sedición serán protegidas (e incluso alentadas) siempre y cuando sea en nombre de este gobierno”, señaló Floyd en una presentación judicial.
Otro demandante es el profesor Jonathan Caravello, de la Universidad Estatal de California Channel Islands, quien fue absuelto de un cargo de agresión. Fue acusado de lanzar un cartucho de gas lacrimógeno a agentes federales durante una protesta de 2025 contra una redada migratoria en una granja de cannabis en Camarillo, California.
LJ