En Brasil, conceden libertad provisional a 102 acusados de golpismo

La Corte Suprema de Brasil ha otorgado libertad provisional a 102 personas acusadas de actos golpistas y ha dejado en prisión a alrededor de 800 más.

Cientos de personas se manifestaron en Brasil el 8 de enero. (Especial)
Editorial Milenio
Brasilia, Brasil /

La Corte Suprema de Brasil concedió este martes el beneficio de libertad provisional a 102 acusados de los actos golpistas del pasado 8 de enero, cuando miles de activistas de ultraderecha atacaron las sedes de los tres poderes de la nación.

Tras esa decisión, adoptada por el juez Alexandre de Moraes, quedan en prisión alrededor de 800 personas acusadas de diversos delitos que incluyen desde amenazas y atentados contra la democracia y el estado de derecho, hasta la destrucción de patrimonio público, entre otros.

La libertad provisional ya había sido otorgada a 516 de las mil 418 personas detenidas durante los sucesos del 8 de enero y en días posteriores, en el marco de investigaciones que tramitan bajo secreto judicial.

Como en los casos anteriores, la justicia concedió la libertad provisional con algunas medidas cautelares, entre las cuales se encuentra el uso de tobillera electrónica y reclusión domiciliaria durante las noches.

La justicia retendrá los pasaportes de los liberados, que no podrán abandonar las ciudades en las que residen sin autorización judicial, no podrán utilizar las redes sociales y deberán presentarse ante las autoridades una vez por semana mientras continúe el proceso.

En su mayoría, los acusados son activistas de una ultraderecha violenta que apoyaba al ex presidente Jair Bolsonaro y que se negó a reconocer la victoria del progresista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre pasado.

Los actos golpistas ocurrieron una semana después de la toma de posesión de Lula y, según han confesado muchos de los detenidos, el objetivo era sembrar el caos y forzar una intervención militar para derrocar al nuevo gobierno y declarar nulas las elecciones.

Las investigaciones están a cargo de la Policía Federal, que aún está buscando a quienes financiaron esos actos antidemocráticos, que implicaron la movilización de activistas desde diversos puntos del país hacia Brasilia.

Asimismo, se intenta determinar si las autoridades policiales e incluso militares colaboraron de alguna manera con el movimiento golpista, ya sea por su participación directa o por supuestas omisiones en la represión de los actos antidemocráticos.

MO

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